En la cumbre de gobernadores celebrada en Mompox, el presidente Abelardo De La Espriella lanzó una advertencia que va más allá de una exhortación a la seguridad: condicionó la autonomía regional a la observancia de límites claros frente a cualquier contacto con actores armados. El mensaje, dirigido de forma explícita al gobernador de Nariño, marca una tensión creciente entre la intención de transferir recursos y decisión a las regiones y la necesidad del Ejecutivo de controlar las formas locales de interlocución con grupos ilegales.
Autonomía condicionada
El gobernante combina dos señales que, en principio, podrían parecer contradictorias. Por un lado proclama una descentralización real —más recursos, menos trámite y capacidad decisoria regional—; por otro, establece una línea roja: la autonomía no incluye la posibilidad de negociar en la sombra con estructuras criminales. Esa ecuación transforma la autonomía en una potestad condicionada: libertad para decidir hasta donde el Ejecutivo considere compatible con su política de seguridad.
Para los mandatarios regionales esto representa un dilema político e institucional. Gobernar desde las regiones implica, en muchos casos, lidiar con realidades complejas —presencia de grupos armados, economías ilícitas y debilidad institucional— que han llevado a algunos líderes locales a sostener canales informales o iniciativas de diálogo. Criminalizar de forma genérica esos acercamientos sin ofrecer mecanismos transparentes y regulados para la interlocución puede cerrar vías de resolución local y empujar la conflictividad hacia la militarización.
Debate sobre prácticas y controles
El Ejecutivo puso además el foco en convertir los consejos de seguridad y los comités territoriales en instancias operativas y vinculantes. Eso responde a una doble necesidad: dotar de reglas claras a la acción local y cerrar espacios a negociaciones opacas. Sin embargo, la eficacia de este enfoque depende de la capacidad del Estado para garantizar que esos órganos funcionen con transparencia, rendición de cuentas y participación de actores civiles: sin eso, la medida será percibida como un instrumento de control político más que como una institucionalización del diálogo.
Otra arista importante es la judicialización. La promesa de perseguir a los funcionarios que crucen la línea hacia tratos clandestinos introduce un componente punitivo que puede disuadir conductas reprochables, pero también generar persecución política si los criterios no son públicos y técnicamente robustos. La equidad y la evidencia deberán ser centrales para evitar que denuncias se conviertan en herramientas de castigo selectivo.
Tres escenarios para el futuro
El cruce entre descentralización y control central puede derivar en al menos tres rutas plausibles. Primero, un escenario de endurecimiento: mayor presencia militar, clausura de interlocuciones locales y procesos judiciales contra autoridades sospechosas de negociar con armados. Podría reducirse la visibilidad de ciertas redes criminales, pero también aumentar el riesgo de desplazamientos, violaciones de derechos y deterioro del tejido social.
Segundo, un camino regulado: el Gobierno incorpora mecanismos formales para conversaciones locales —protocolos, observación independiente y canales supervisados por el Estado— que permitan explorar salidas no bélicas sin que ello suponga impunidad. Ese enfoque exige inversión en capacidades institucionales y garantías de transparencia.
Y tercero, la polarización: si la retórica punitiva se percibe como persecución política, los gobiernos regionales críticos al Ejecutivo podrían endurecer su postura, erosionando la cooperación y generando vacíos de gobernabilidad que aprovechen actores armados.
Qué está en juego y qué conviene hacer
La discusión va más allá del episodio con un gobernador particular: define cómo el país conjuga seguridad, democracia y descentralización. Si la meta es fortalecer a los departamentos, el Ejecutivo necesita demostrar con hechos que la transferencia de recursos viene acompañada de capacidades reales para gestionar riesgos, prevenir cooptaciones y promover participación ciudadana.
Recomendaciones prácticas incluyen: clarificar legalmente qué constituyen negociaciones ilícitas y qué formas de interlocución local pueden ser aceptables; profesionalizar y transparentar los consejos de seguridad con participación civil y veedurías; crear protocolos que permitan conversaciones supervisadas con actores locales cuando estén orientadas a soluciones pacíficas; y fiscalizar con criterios técnicos para evitar persecuciones arbitrarias.
La tensión actual es un punto de inflexión. La forma en que se resuelva mostrará si la apuesta por la descentralización se traduce en mayor gobernanza y seguridad sostenible, o si se convierte en una herramienta para centralizar poder y reprimir iniciativas locales de paz. El país necesita tanto control sobre las finanzas y rutas criminales como canales legítimos y transparentes para resolver conflictos en territorios donde el Estado históricamente ha sido frágil.