En menos de un mes de gobierno, la Casa Presidencial ha entregado balances que muestran una intensa ofensiva contra estructuras armadas y las economías ilícitas que las sostienen. Capturas, decomisos de drogas y armas, cierre de laboratorios y ataques a explotaciones mineras aparecen como los principales resultados. Pero al comparar comunicados y reportes públicos surgen inconsistencias cuantitativas y vacíos metodológicos que obligan a mirar más allá del titular.
Números que no cuadran
Los totales acumulados difundidos en distintos momentos varían notablemente: en algunos reportes las capturas oscilan entre cifras cercanas a 15.000 y otras que superan las 22.000; las toneladas de estupefacientes incautadas van desde decenas hasta casi cien toneladas; el conteo de armas retiradas del circuito también muestra saltos de miles. Esos saltos no son meros detalles: en política de seguridad las cifras alimentan la narrativa del éxito, condicionan presupuesto y permiten justificar medidas excepcionales.
Hay explicaciones plausibles y técnicas. Diferencias de corte temporal, solapamiento entre operativos regionales, inclusión o exclusión de detenciones administrativas frente a judiciales, y la consolidación tardía de informes pueden inflar o reducir totales según el momento del corte. También existe el riesgo de doble conteo cuando una misma operación atraviesa jurisdicciones o cuando un decomiso se reporta en varias categorías (insumos, cocaína procesada, materia prima).
Qué indican las acciones sobre el terreno
Más allá de la contabilidad, el Gobierno ha priorizado atacar la infraestructura económica de los grupos armados: laboratorios de procesamiento, depósitos de insumos, dragas y unidades de minería ilegal. Ese enfoque apunta a debilitar la capacidad de generar renta ilícita. En paralelo se resaltan resultados tácticos como la muerte de presuntos cabecillas y la recuperación de secuestrados, señales que buscan mostrar capacidad operativa y, a la vez, ofrecer réditos políticos inmediatos.
No obstante, la eficacia estratégica depende de que las acciones deriven en procesos judiciales sólidos y en desarticulaciones financieras, no solo en golpes coyunturales. La mera incautación de insumos o la destrucción de dragas sin seguimiento a las redes de financiamiento y lavado permite que la economía ilícita se readapte: reabastecimiento por rutas alternas, mayores precios y desplazamiento de la producción a otras zonas o hacia sustancias sintéticas.
Riesgos políticos, sociales y de derechos
Un relato público centrado en cifras elevadas de detenciones y decomisos tiene efectos políticos evidentes: consolida la imagen de mano dura del Ejecutivo y puede aumentar la cooperación internacional. Pero también encierra riesgos. La militarización sostenida de la lucha contra el narcotráfico eleva la probabilidad de daños colaterales, desplazamientos forzados y violaciones de derechos si no hay controles independientes y protocolos claros de investigación y judicialización.
Además, la rapidez con que se comunican resultados plantea dudas sobre la verificación. Organismos de control interno, la Fiscalía y actores de la sociedad civil deben tener acceso a datos desagregados para confirmar que las detenciones se traducen en sentencias y que los fallecidos en operaciones fueron debidamente identificados y juzgados cuando corresponde. Sin ese tránsito, la narrativa de éxito puede volverse insostenible ante revisiones o denuncias.
Escenarios por delante
Existen al menos tres posibles trayectorias a mediano plazo. Primera: la ofensiva continúa produciendo golpes reales y, complementada con inteligencia financiera y cooperación internacional, logra fracturar circuitos logísticos y de financiación; esto podría reducir la producción visible de drogas y desactivar núcleos armados. Segunda: se mantienen los titulares de decomisos y capturas, pero los grupos criminales se adaptan —migrando hacia sustancias sintéticas, redes urbanas o nuevos corredores— y la problemática se desplaza geográficamente sin resolverse. Tercera: la estrategia se agota en resultados cuantitativos que no se traducen en justicia ni reconstrucción social, generando rechazo público ante evidencias de abusos o inconsistencias estadísticamente insostenibles.
El escenario que prevalezca dependerá en gran parte de tres variables: transparencia en el manejo de datos, capacidad de las instituciones judiciales para convertir incautaciones en procesos exitosos, y la implementación simultánea de políticas sociales en las zonas afectadas por la violencia y la economía ilícita.
Qué debería exigirse ahora
Para que los balances no sean solo un instrumento de comunicación, conviene reclamar: 1) metodología pública sobre cómo se contabilizan capturas, decomisos y erradicaciones; 2) auditorías independientes o verificación por entes de control; 3) mayor énfasis en desarticulación financiera y seguimiento judicial; 4) protocolos de derechos humanos en operaciones militares y policiales; y 5) planes de sustitución y desarrollo alternativo que acompañen las intervenciones en territorios rurales y mineros.
La retórica del golpe tras golpe funciona en la esfera mediática; la sostenibilidad de los resultados exige transparencia, institucionalidad y políticas públicas complementarias. Sin eso, el conteo de capturas y toneladas será un indicador incompleto para medir si el país avanza en seguridad real o solo en un montaje estadístico de corto plazo.
El desafío para el Gobierno es demostrar que los números son el inicio de procesos de reparación, justicia y desmantelamiento estructural del crimen, no el final de una campaña comunicacional.