La suspensión judicial de los convenios que sostienen el nuevo esquema de expedición de pasaportes ha dejado al Estado frente a una encrucijada operativa, legal y política. En cuestión de semanas se definirá si se avanza hacia una solución temporal —mediante contratación directa—, si se renegocia la alianza internacional con Casa da Moeda e IN Group, o si se allana el camino para una licitación pública que lleve meses. Mientras tanto, la Imprenta Nacional detuvo despachos programados y la Cancillería busca alternativas para evitar que la ciudadanía pierda acceso al servicio.
Qué está en juego
Más allá del trámite administrativo, están en juego tres dimensiones: la continuidad del servicio público, la seguridad documental y la responsabilidad fiscal. El inventario disponible permite cubrir meses de expedición si se personalizan las libretas; sin embargo, la falta de claridad sobre el alcance de la medida cautelar y la negativa del Tribunal a aclararla dejan la iniciativa en manos del Ejecutivo. Esa delegación obliga al Gobierno a diseñar soluciones inmediatas sin sacrificar controles que prevengan costos extraordinarios o riesgos de corrupción.
Por qué esta crisis no es solo técnica
La polémica atraviesa asuntos técnicos (planillas y elementos de seguridad destruidos), contractuales (vinculación tripartita con proveedor europeo y contratos interadministrativos) y jurídicos (límite entre la tutela judicial y la función administrativa). La destrucción de las planchas de seguridad del antiguo proveedor complica cualquier vuelta rápida al esquema previo: reinstalar esos elementos exige tiempo y recursos. Al mismo tiempo, toda decisión de emergencia quedará sujeta a examen fiscal posterior, lo que incrementa la presión política sobre la Cancillería y el Fondo Rotatorio.
Escenarios próximos
Se pueden delinear al menos cuatro rutas plausibles:
- Contratación transitoria (urgencia manifiesta): permite continuidad rápida pero incrementa el escrutinio de control fiscal y el riesgo de sobrecostos si no se documentan con rigor las razones de la contratación directa.
- Negociación y continuidad del esquema tripartito con ajustes: si la ambigüedad legal se resuelve a favor de mantener actividades con Casa da Moeda/IN Group, la operación podría normalizarse, aunque seguiría pendiente la revisión de transparencia y garantías técnicas.
- Nueva licitación pública: ofrece mayor legitimidad y competencia de precios, pero demora el suministro estable y exige un plan de contingencia robusto para cubrir el vacío temporal.
- Solución híbrida: uso del stock actual para asegurar corto plazo y licitación paralela para un modelo de largo plazo, con controles periódicos y supervisión externa.
Riesgos y oportunidades
Los riesgos inmediatos incluyen interrupciones en la expedición (afectando viajes y trámites consulares), sobrecostos por contratos de emergencia y contingencias legales o fiscales. Existe también un riesgo reputacional internacional si documentos con fallas de seguridad ingresan a circulación. En contraparte, la crisis abre una ventana para modernizar procesos: rediseñar los estándares de seguridad, fortalecer capacidad local de producción documental, diversificar proveedores y mejorar gobernanza contractual.
Qué debería hacer el Gobierno
Las decisiones deben combinar rapidez y transparencia. Recomendaciones prácticas: 1) declarar y documentar con rigor la necesidad y el alcance de cualquier contratación directa temporal; 2) usar el stock disponible como medida puente con trazabilidad estricta; 3) abrir de inmediato una licitación pública con cronograma y salvaguardas técnicas; 4) coordinar con la Contraloría y la Procuraduría para que el control fiscal y disciplinario acompañe el proceso sin paralizar la operación; 5) evaluar la construcción de una capacidad estatal más autónoma para elementos críticos (planillas, planchas) como política de seguridad nacional.
El caso trasciende un problema logístico: es una prueba de la capacidad del Estado para responder a vacíos contractuales sin sacrificar control, eficiencia ni seguridad. La forma en que la Cancillería y el gobierno gestionen esta crisis marcará no solo el flujo de pasaportes durante los próximos meses, sino la confianza ciudadana en la administración de servicios esenciales y la percepción internacional sobre la solidez institucional del país.