En menos de un mes de gestión, la Presidencia ha divulgado un rosario de resultados operativos contra grupos armados y economías ilícitas: decenas de miles de capturas, toneladas de estupefacientes incautados, la muerte de combatientes en combates y el desmantelamiento de laboratorios y dragas ilegales. Pero detrás del titular triunfal se abre una grieta informativa: los registros oficiales que circulan en distintos partes del mismo balance presentan discrepancias relevantes que obligan a preguntar no solo qué se logró, sino cómo se mide y se comunica.
Datos que no cuadran
Comparando cifras oficiales divulgadas recientemente se identifican diferencias materiales. En uno de los reportes se consignan 14.914 capturas; en otro, 15.401. El volumen de estupefacientes retenidos salta de 49,379 kilogramos en un balance a 71,8 toneladas en otro. Las armas puestas fuera de circulación aparecen como 1.485 en un documento y 1.595 en otro. El número de laboratorios intervenidos varía también (cinco frente a quince), mientras que hay coincidencia puntual en el incidente de El Peñol, Nariño, donde se indica la muerte de siete miembros de un frente disidente.
Estas diferencias pueden obedecer a explicaciones técnicas (periodos de corte distintos, consolidación posterior de datos, inclusión o exclusión de operativos de inteligencia) pero también sugieren problemas de coordinación entre las fuentes que alimentan el reporte público: unidades territoriales, policía, ejército, Fiscalía, Aduanas y sistemas de verificación forense. En clave política, cuando el Gobierno exhibe logros cuantiosos y simultáneamente ofrece variantes del mismo balance, se abre el riesgo de que la narrativa de éxito pierda credibilidad y beneficie a quienes exigen auditoría independiente.
Detrás de la retórica: efectos reales y límites
La ofensiva contra infraestructura económica del crimen (laboratorios, insumos, dragas y cultivos) sí impacta ingresos criminales en lo inmediato. La incautación de insumos líquidos y sólidos, la destrucción de plantas de procesamiento y el decomiso de combustible usado en refinerías ilegales interrumpen cadenas logísticas. Pero la economía ilícita es resiliente: los grupos suelen fragmentarse, dispersarse o diversificar —por ejemplo, hacia síntesis de nuevas drogas, extorsión, minería en áreas más remotas o alianzas con redes transnacionales— si la presión militar no va acompañada de medidas sobre lavado de activos, control de fronteras y alternativas económicas para comunidades rurales.
Hay además riesgos operativos y humanitarios. El anuncio contundente de muertes en combate eleva la percepción de eficacia, pero también hace urgente la transparencia sobre el marco jurídico de dichas acciones (si hubo enfrentamiento armado, capturas previas, órdenes de captura vigentes), así como la verificación independiente sobre posibles víctimas civiles o desplazamientos forzados. Sin monitoreo externo, la narrativa oficial puede chocar con denuncias locales y socavar la legitimidad del Estado en territorios donde el tejido social ya es frágil.
Implicaciones estratégicas y geopolíticas
La mención de incautaciones de sustancias como ketamina y fentanilo y el gran volumen de insumos líquidos indica una posible transición parcial de la producción tradicional hacia mercados que requieren química más compleja. Eso conecta a la problemática nacional con rutas y demandas internacionales —en particular, mercados en Norteamérica y Europa— y exige cooperación internacional reforzada en inteligencia financiera y control de precursores.
La contundencia de los números también tiene componente político interno: alimenta la narrativa de mano dura del Ejecutivo y puede traducirse en capital político a corto plazo. Sin embargo, si las cifras se corrigen a la baja o aparecen inconsistencias sistemáticas, el efecto contrario será rapidez en la erosión de confianza ciudadana y aumento del escepticismo sobre políticas públicas de seguridad.
Escenarios futuros, riesgos y oportunidades
Escenario 1 — Consolidación y verificación: si el Gobierno unifica criterios de reporte, somete cifras a auditoría independiente y acompaña la ofensiva con estrategias económicas y judiciales, puede debilitar sosteniblemente a estructuras criminales y recuperar presencia estatal en zonas clave.
Escenario 2 — Ruido informativo y erosión: la persistencia de discrepancias y la ausencia de transparencia podrían delegitimar logros reales, fortalecer narrativas opositoras y reducir la cooperación internacional e interna sobre inteligencia y financiamiento.
Riesgo mayor — Escalada con costo social: una estrategia centrada solo en presión militar sin redes de protección social y garantías judiciales puede aumentar las violaciones de derechos, provocar desplazamientos y alimentar ciclos de violencia local.
Oportunidad — Redefinir la medición del éxito: convertir los balances en hojas de ruta verificables con indicadores cruzados (judicialización efectiva, decomiso de activos, reducción sostenida de cultivos y mediciones socioeconómicas) puede transformar la comunicación en una herramienta de rendición de cuentas.
Qué se debe exigir ahora
Para que el relato de eficacia no sea solo retórica, el país necesita: 1) transparencia en la metodología y periodos de corte de los balances; 2) publicación de datos desagregados por entidad y región; 3) mecanismos de verificación independientes (fiscalía, veedores, organismos internacionales); 4) estrategias paralelas de afectación financiera al crimen y alternativas económicas para poblaciones rurales; y 5) protocolos claros sobre derechos humanos en operaciones militares.
El Gobierno puede estar logrando impactos operativos reales. Pero sin claridad en los números y sin un enfoque integral que combine coerción con instituciones y desarrollo, el éxito anunciado corre el riesgo de quedar reducido a un titular momentáneo. La sostenibilidad de la seguridad requiere, además del rigor táctico, rigor informativo.