El gobierno entrante decidió, en sus primeras semanas, clausurar los mecanismos centrales de la política conocida como 'paz total'. Con resoluciones administrativas se dieron por terminados espacios de diálogo, se levantaron zonas de ubicación temporal y se señaló que quien deje las armas deberá enfrentar la justicia ordinaria sin beneficios excepcionales. La medida supone un quiebre abrupto respecto a la apuesta anterior por combinar conversación, acceso a derechos y caminos de reintegración.
Qué cambió
En la práctica, la decisión cerró mesas de negociación que incluían tanto grupos rurales como bandas urbanas y zonas especiales donde se concentraban excombatientes en proceso de reincorporación. Al mismo tiempo, el Gobierno anunció la posibilidad de suspender beneficios como la no extradición para líderes vinculados a estructuras criminales, una señal clara de que el Estado opta por priorizar mecanismos punitivos y de seguridad.
Coincidencias y contradicciones
Los actores que han transitado por esas mesas coinciden en varios puntos: hubo avances sensibles en la relación entre comunidad e institucionalidad en territorios históricamente golpeados por la violencia; hubo documentos y acuerdos parciales que intentaron reglamentar rutas de transformación territorial; y, sin embargo, no se logró la terminación completa de estructuras armadas ni la consolidación jurídica y presupuestal de programas de reincorporación.
La contradicción central es política y práctica: mientras algunos expertos sostienen que las conversaciones contribuyeron a fragmentar y debilitar proyectos armados con ambición estratégica, la salida rápida del Gobierno deja a excombatientes y a comunidades sin claridades sobre garantías, presupuesto y hoja de ruta. En otras palabras, la fragmentación de los grupos puede coexistir con un aumento temporal de la violencia local si el Estado no acompaña con presencia y recursos.
Vacíos que preocupan
La resolución que clausura espacios negociadores carece, en lo esencial, de una ruta clara para la situación jurídica y socioeconómica de las personas que dejaron las armas. Al mismo tiempo, se anuncian recortes presupuestales a las agencias de reincorporación y no hay una propuesta pública que reemplace los mecanismos clausurados. Ese conjunto deja un vacío administrativo y de protección que puede traducirse en retorno a la ilegalidad, desplazamientos o hostigamiento judicial sin alternativas de atención integral.
Por qué esto importa
La política con la que se actúe en los próximos meses determinará si el país consolida una salida más institucional y con garantías o si se aboca a una escalada militar que reactive rivalidades y violencia contra la población civil. Un cierre desordenado de procesos no sólo afecta a los excombatientes: altera economías locales, fractura confianzas comunitarias y erosiona la credibilidad del Estado para cumplir acuerdos, lo cual es un insumo clave para cualquier futuro diálogo.
Escenarios futuros
Escenario 1 — Militarización amplia: Prioridad exclusiva a la represión y detención de líderes. Riesgos: picos de violencia, venganzas internas entre grupos, detenciones masivas con reparos constitucionales y daño a civiles. Oportunidades: rédito político a corto plazo para el Ejecutivo frente a audiencias urbanas que reclaman mano dura.
Escenario 2 — Ruta mixta y selectiva: Continuidad de acciones judiciales en casos probados, junto con rutas legales claras y financiadas para quienes se sometan a la justicia. Riesgos: requiere capacidad institucional y cofinanciación; éxito depende de la claridad jurídica. Oportunidades: preservar avances en transformación territorial y evitar rearmamientos.
Escenario 3 — Colapso de la reintegración: Cierre de ZUTs sin alternativas y asfixia presupuestal. Riesgos: retorno de excombatientes al crimen, aumento de desplazamientos y deterioro social regional. Pocas oportunidades si no hay corrección rápida.
Implicaciones políticas y sociales
Políticamente, la ruptura con la 'paz total' realinea al Estado hacia un perfil más duro que podría traducirse en apoyos electorales para el Ejecutivo, pero también en críticas internacionalmente por retrocesos en garantías. Socialmente, las comunidades que apostaron por la salida negociada corren el riesgo de ser nuevamente terreno de disputa y estigmatizadas por el estigma de la violencia. Además, la extradición o la amenaza de ella a cabecillas desincentiva la negociación, al eliminar un incentivo de conservación de liderazgos que podrían negociar condiciones.
Qué debería hacerse ahora
Primero: definir y comunicar con urgencia una hoja de ruta jurídica y administrativa para quienes están en procesos de reincorporación, con plazos, recursos y garantías verificables. Segundo: preservar y financiar la agencia encargada de acompañar la reintegración; sin presupuesto no hay política. Tercero: mantener canales de verificación y veeduría internacional o de la sociedad civil para evitar celebraciones simuladas o aprovechamientos políticos. Cuarto: combinar medidas de seguridad con programas de desarrollo territorial que ataquen las economías ilícitas que alimentan la violencia.
En pocas semanas se decidirá si el país interpreta el cierre de la 'paz total' como el fin de un experimento mal diseñado o como la clausura de canales imprescindibles para transformar territorios. La diferencia determinará si la próxima estación es la consolidación de la seguridad ciudadana o un nuevo ciclo de fracturas y violencia localizada.