La decisión del presidente Abelardo De La Espriella de clausurar los espacios sociojurídicos heredados por la administración anterior constituye mucho más que un cambio de táctica: abre una nueva fase de incertidumbre política, social y judicial. Al cerrar mesas, levantar zonas de ubicación temporal y retirar incentivos —como la prebenda de no extradición para ciertos interlocutores—, el Gobierno envía un mensaje claro sobre su apuesta por el imperio de la ley. Pero ese mensaje también deja huecos prácticos que pueden transformar logros locales en riesgos regionales.
Credibilidad, normas y el riesgo humanitario
El cierre abrupto de procesos que habían permitido la presencia del Estado y la incorporación a la vida civil de excombatientes expone una dicotomía: exigir justicia sin ofrecer rutas jurídicas y garantías claras erosiona la credibilidad del Estado como garante. La salida de decenas de personas de zonas de ubicación temporal y la reducción presupuestal de los programas de reintegración generan un escenario en el que quienes dejaron las armas quedan jurídicamente expuestos y socialmente desprotegidos. A mediano plazo, esa desprotección puede traducirse en retornos a la ilegalidad o en nuevas amenazas contra comunidades vulnerables.
Fragmentación criminal y escenarios futuros
Las negociaciones previas no produjeron acuerdos definitivos, pero sí contribuyeron a fracturar estructuras y a crear interlocuciones territoriales con comunidades. La retirada de esos espacios puede acelerar procesos de recomposición violenta: unos liderazgos se debilitan y otros —más pragmáticos o más mafiosos— se fortalecen para llenar vacíos de control. La suspensión parcial de beneficios como la no extradición altera incentivos; para algunos comandantes puede representar la pérdida de una protección táctico-política que motivaba su permanencia temporalmente fuera del conflicto abierto.
Se vislumbran al menos tres trayectorias plausibles: 1) una ofensiva militar sostenida que desactive redes criminales pero provoque desplazamientos, costos humanitarios y un repunte de violencia local; 2) una política híbrida que combine respuesta judicial firme con rutas claras y financiadas de reintegración, capaz de convertir la presión en rendición ordenada; 3) un vacío institucional que favorezca la consolidación de economías ilegales y una fragmentación que derive en violencia territorializada y guerra entre facciones.
Qué se puede hacer ahora
Si la intención del Gobierno es legitimar un cambio de rumbo sin provocar colapsos humanitarios, hay decisiones urgentes y concretas que deberá adoptar: publicar una hoja de ruta jurídica para las personas en ZUT con plazos y garantías; priorizar la financiación y la dirección operativa de las agencias de reincorporación; activar mecanismos de supervisión internacional y de veeduría local que eviten abusos; y diseñar criterios transparentes para la aplicación de medidas como la extradición, que no generen señales contradictorias entre distintas ramas del Estado.
Políticamente, el desmonte de la estrategia anterior puede reforzar la imagen del Ejecutivo ante audiencias que demandan mano dura. Pero esa ganancia simbólica será efímera si va acompañada de rebrotes de violencia, pérdida de confianza en la capacidad del Estado para cumplir compromisos y mayor vulnerabilidad para comunidades y excombatientes. La apuesta por la justicia es comprensible; su eficacia dependerá de la claridad normativa, la voluntad presupuestal y la coordinación institucional.
En la geografía del conflicto colombiano no hay soluciones unívocas. El cierre de la 'paz total' reordena incentivos y obliga a replantear instrumentos: no se trata solo de desmontar mesas, sino de diseñar alternativas que impidan que el vacío que dejan se llene con más violencia.