El Gobierno de Abelardo De La Espriella dio un giro abrupto en política de seguridad: en pocas semanas ordenó el cierre de las mesas de negociación y de los espacios sociojurídicos que venían operando con diversos grupos armados y bandas urbanas. La decisión, presentada como el fin de una estrategia que ya no ofrecía resultados, abre un abanico de interrogantes sobre el futuro jurídico de excombatientes, la seguridad territorial y la credibilidad del Estado.
Una ruptura calculada
La administración actual sustenta la medida en la convicción de que esos mecanismos habían sido instrumentalizados por estructuras criminales para ganar espacio político y evadir la justicia. Desde esa óptica, ponerle fin a la 'paz total' es recuperar el imperio de la ley y priorizar la acción policial y militar frente a concesiones que, en opinión del Ejecutivo, no generaron acuerdos sostenibles.
Sin embargo, el cierre administrativo de mesas y de zonas de ubicación temporal deja vacíos operativos y jurídicos. Las personas que se habían acogido a procesos de reintegración —con expectativas de acceso a programas de vida civil, reparación y garantías— quedan ahora en una situación incierta que puede traducirse en retorno a la ilegalidad, desplazamientos o persecución penal sin caminos claros para su regularización.
Coincidencias, tensiones y contradicciones
Los actores que participaron en las negociaciones y observadores independientes coinciden en varios puntos: la iniciativa anterior tuvo costos sensibles en recursos públicos y no culminó en acuerdos definitivos; las dinámicas internas de las organizaciones armadas —fragmentación, guerras internas por el control del territorio y economías ilícitas— dificultaron interlocutores estables; y la implementación en territorios falló en ofrecer transformaciones estructurales que redujeran la violencia de raíz.
No obstante, hay contradicciones políticas y tácticas que preocupan. Mientras el Estado retira estímulos y rescinde beneficios ofrecidos en el pasado —incluyendo acuerdos de no extradición puestos en cuestión— no se ha articulado de forma pública una hoja de ruta alternativa que combine presión judicial y protección social. Esa brecha multiplica el riesgo de efectos colaterales: erosión de la confianza comunitaria, reconfiguración del crimen organizado y mayores costos sociales y humanitarios en regiones ya desgastadas.
Lo que está en juego: leyes, presupuesto y legitimidad
El cierre de espacios de diálogo acontece junto a decisiones que afectan la capacidad institucional para acompañar procesos de reincorporación: recortes presupuestales a agencias encargadas, ausencia de directrices claras y el retiro de instrumentos normativos que daban previsibilidad. Sin fondos ni liderazgo técnico, lo que queda de la política de sometimiento y reintegración corre el riesgo de convertirse en letra muerta.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo enfrenta un dilema político: el mensaje de mano dura puede reforzar la percepción de eficacia ante ciertos electores y sectores de seguridad, pero erosiona la imagen del Estado como garante de acuerdos y puede generar reproches en instancias internacionales y de derechos humanos.
Escenarios plausibles
1) Escalada localizada: la combinación de desmovilizaciones incompletas y presiones represivas podría alimentar oleadas de violencia en municipios donde el control estatal es débil. La fragmentación de grupos podría traducirse en más confrontaciones entre bandas y en el aumento de delitos como extorsión y narcotráfico.
2) Reconfiguración criminal y oportunidad militar: la acción sostenida de la Fuerza Pública y las extradiciones selectivas pueden debilitar estructuras centrales pero crear vacíos que actores más pequeños o mafias urbanas exploten para consolidar economías ilícitas.
3) Reinserción fallida y costos sociales: sin programas de reintegración con presupuesto y garantías, excombatientes pueden volver a la ilegalidad, incrementando el número de actores armados y generando desplazamiento interno y victimización en comunidades rurales.
Riesgos para la sociedad y la economía
Las regiones afectadas perderán inversiones públicas y privadas si la seguridad se deteriora; los proyectos de sustitución de cultivos o desarrollo territorial perderán financiación y confianza. Para el mercado local, el aumento de la violencia y la incertidumbre jurídica significan mayores costos operativos, disminución de actividad económica y migración interna, todo lo cual retrae crecimiento y agrava desigualdades.
Oportunidades y recomendaciones
La ruptura también puede ser una oportunidad si el Gobierno acompaña la decisión con un plan coherente: clarificar rutas jurídicas para quienes abandonaron las armas; asegurar recursos para la reintegración y desarrollo territorial; mantener mecanismos de veeduría internacional y protección a líderes comunitarios; y sostener operaciones orientadas, con foco en desarticular redes financieras delictivas y no en castigar a excombatientes que cumplan compromisos legítimos.
Sin estos elementos, la medida corre el riesgo de ser una solución simbólica que desplace y profundice los problemas que pretendía resolver. La paz no es solo el cese del diálogo con actores armados: es un conjunto de condiciones institucionales, legales y sociales que permitan a las regiones dejar atrás la violencia.
Qué significa esto para el país
En lo inmediato, se abre un periodo de alta incertidumbre en las zonas fronterizas y de mayor conflicto. En lo político, el Ejecutivo apuesta por restaurar autoridad; en lo judicial, el Estado podría acelerar procesos y extradiciones; en lo social, comunidades y excombatientes reclaman claridad y protección. La suma de estas dinámicas definirá si el país transita hacia una paz con bases sostenibles o hacia una espiral de reconfiguración violenta que prolongue la inestabilidad por años.
El desafío no es solo operativo: es restaurar la credibilidad estatal para que la sociedad crea que el abandono de las armas trae seguridad, justicia y oportunidades. Sin esa apuesta integral, el cierre de la 'paz total' será, a la vez, el inicio de una nueva disputa por la narrativa del conflicto y por quién provee orden y futuro en las regiones más golpeadas.