En las primeras semanas del nuevo gobierno, Colombia asistió a una decisión ejecutiva de gran alcance: el cierre de los mecanismos institucionales creados para una estrategia bautizada como 'paz total'. La medida no es un simple acto administrativo; redefine el vínculo entre el Estado y quienes, por distintas vías, han intentado transitar de la guerra a la vida civil. En cuestión están la legitimidad del Estado, la seguridad territorial y la viabilidad de políticas públicas de reincorporación.
Decisión ejecutiva y su relato
El Ejecutivo ha argumentado que ya no puede mantener escenarios que, en su interpretación, habrían sido instrumentalizados por estructuras armadas para prolongar su actividad criminal. Ese cierre incluye mesas de negociación con grupos rurales y urbanos, la terminación de zonas de ubicación temporal y la anulación de beneficios o garantías otorgadas en procesos anteriores. En paralelo, la suspensión de regímenes de protección —o la posibilidad de extradición para capos— está cambiando las condiciones de interlocución con organizaciones como el Clan del Golfo.
El contraste es llamativo: la política previa movilizó recursos públicos cuantiosos —más de cien mil millones de pesos— y consiguió avances puntuales como ceses temporales del fuego y mejores canales de relación entre comunidades y el Estado. Sin embargo, esos logros convivieron con fragilidades operativas, fragmentación de las estructuras armadas y expectativas incumplidas sobre acuerdos definitivos. Hoy, la lectura oficial privilegia el cierre como corrección de rumbo; sus críticos lo ven como un riesgo de ruptura y desprotección.
Tensiones y contradicciones
Existen dos tensiones centrales. La primera es estratégica: ¿la represión y la presión judicial darán estabilidad o alimentarán nuevas dinámicas violentas y reagrupamientos? Hay evidencia de ambos efectos. Por un lado, la división interna de ciertos grupos puede reducir su capacidad de proyecto nacional; por otro, el desamparo jurídico y la ausencia de rutas claras de reincorporación pueden empujar a individuos hacia la ilegalidad o aumentar la vulnerabilidad de comunidades locales.
La segunda tensión es institucional: el Estado pone fin a espacios que habían generado expectativas legítimas entre personas que entregaron armas o se ubicaron en ZUT. Sin una hoja de ruta clara —presupuesto estable para agencias de reincorporación, protocolos judiciales precisos, garantías de protección—, la terminación de esos espacios podría convertirse en un factor de desestabilización social y de cuestionamiento internacional sobre el respeto a derechos humanos.
Consecuencias inmediatas
En el corto plazo se pueden anticipar tres efectos concretos. Primero, incertidumbre jurídica para excombatientes que aún no han definido su estatus: algunos podrían abandonar procesos de renuncia a la violencia; otros quedarían expuestos a medidas penales. Segundo, presión sobre la seguridad en localidades donde las ZUT y mesas eran interlocutores de facto entre Estado y comunidades: la retirada estatal puede crear vacíos que actores armados o economías ilegales intenten llenar. Tercero, un rédito político inmediato para el gobierno en términos de percepción de mano dura, que puede traducirse en apoyo electoral, pero con el costo de aumentar polarización y desconfianza institucional.
Escenarios a mediano plazo
Escenario A — Mano dura consolidada: el Estado intensifica acciones militares y judiciales. Resultado probable: debilitamiento de comandos centrales, pero mayores impactos colaterales, desplazamientos y violaciones de derechos si no hay controles. Escenario B — Reconfiguración mixta: se mantienen operaciones contra criminalidad mientras se abre una ruta jurídica y programática para quienes demuestren abandono real de la vía armada. Esto exige inversión en reintegración y mecanismos internacionales de acompañamiento. Escenario C — Deslegitimación y recrudecimiento: el cierre de canales sin alternativas lleva a reagrupamientos, aumento de violencia urbana y rural, y crisis humanitaria en regiones afectadas.
Riesgos políticos y sociales
La interrupción abrupta de procesos tiene un efecto en cadena: alimenta narrativas de desprotección en territorios ya históricamente abandonados, debilita la confianza en el Estado como parte fiable de acuerdos y puede transformar éxitos parciales —como la fragmentación debilitante de algunos grupos— en problemas locales de seguridad pública. Además, la movilización política que genera esta decisión recalibra fuerzas en el Congreso y en los partidos, donde la lectura de la opinión pública será clave para próximas políticas.
Oportunidades y rutas de corrección
No todo está predeterminado. El cierre administrativo puede acompañarse de medidas que mitiguen riesgos: 1) establecer una hoja de ruta jurídica transparente para los que ya iniciaron la transición; 2) garantizar presupuesto y dirección clara a las agencias de reintegración; 3) activar mecanismos de supervisión internacional y veeduría comunitaria para dar certezas; 4) combinar operación de fuerza con programas concretos de desarrollo territorial que reduzcan la rentabilidad de la ilegalidad. Sin estos elementos, la política sería eficaz en el corto plazo pero costosa en términos humanos y de orden público.
Qué significa para la sociedad y la política
La decisión define un momento de inflexión: el país debe elegir entre una salida exclusivamente represiva o una estrategia híbrida que combine justicia, protección y desarrollo. La sociedad exige seguridad, pero también espera que el Estado cumpla compromisos y ofrezca alternativas reales para la paz. La política, a su vez, se jugará en la capacidad de diseñar instrumentos legales que no sólo castiguen, sino que ofrezcan marcos creíbles de transición.
En suma, el cierre de la 'paz total' abre una ventana de posibilidad para redefinir la política pública en seguridad y paz, pero la manera en que se construyan las rutas jurídicas, el financiamiento y la presencia estatal en los territorios determinará si ese giro se traduce en mayor cohesión social o en un ciclo ampliado de violencia y desconfianza.