En menos de una semana Colombia vivió dos golpes que revelan algo más que la letalidad de los artefactos y los ataques: muestran una violencia que cambia de formas, se dispersa por territorios distintos y coloca al Ejecutivo frente a una disyuntiva estratégica con costos políticos y humanos elevados.
Patrones de violencia: tácticas, lugares y actores
Los episodios recientes —un ataque con drones y explosivos contra un cantón militar en Norte de Santander y la activación de un área minada mortal en la vía Panamericana— no son incidentes aislados. Señalan tres tendencias claras: la adopción creciente de dispositivos remotos y campos minados, la diversificación geográfica de las agresiones (fronteras norteñas y corredores del suroccidente) y la participación simultánea de grupos distintos: desde frentes del ELN hasta estructuras residuales con nombres propios.
Ese mosaico operativo sugiere una fragmentación del conflicto: mientras algunas organizaciones conservan capacidad para montar ataques convencionales y tecnificados (drones, explosivos), otras recurren a tácticas asimétricas, como minas antipersonal y trampas en vías, que multiplican el daño colateral y la indefensión de quienes patrullan o transitan zonas rurales.
La receta presidencial: fuerza, persecución y objetivos económicos
La respuesta del Presidente se ha centrado en una retórica de mano dura —promesas de perseguir, golpear cabecillas y atacar finanzas— y en instrucciones operativas a las fuerzas militares y de policía. Esa combinación mezcla elementos de disuasión estratégica y publicidad política: consolida autoridad ante la opinión pública que demanda seguridad y proyecta una imagen de control.
Pero entre la declaración y el resultado hay brechas. Una “nueva estrategia para el Catatumbo” y órdenes de capturar responsables requieren inteligencia sostenida, presencia territorial y coordinación judicial. Sin estas piezas, las ofensivas militares pueden desarticular estructuras visibles sin afectar las redes financieras que sostienen el accionar armado, o desencadenar mayor fragmentación y violencia localizada.
Contradicciones y vacíos
Dos tensiones emergen con claridad. La primera es operacional: el uso de drones y minas obliga a invertir en capacidades tecnológicas y de ingeniería (contramedidas electrónicas, detección y desminado), recursos que no se construyen de la noche a la mañana. La segunda es política y de derechos: una respuesta exclusivamente militar, si no viene acompañada de investigación judicial, protección civil y programas socioeconómicos, aumenta el riesgo de daños colaterales, desplazamientos y violaciones al derecho internacional humanitario.
Además, existe un déficit informativo en cuanto a la cadena de mando de estas estructuras y sus vínculos con economías ilícitas. Sin comprobaciones públicas y procesos judiciales transparentes, la narrativa de “golpear finanzas” puede quedar en eslogan y alimentar percepciones de impunidad o represalias mal dirigidas.
Qué significa esto para la sociedad y la economía
Los efectos son concretos: inseguridad en corredores clave (como la Panamericana) encarece la movilidad, frena el comercio regional y afecta la vida cotidiana de comunidades rurales. La percepción de riesgo merma la inversión local y puede agravar la pobreza en zonas ya vulnerables, alimentando el caldo de cultivo para reclutamiento y economías ilícitas.
Para las fuerzas armadas, las pérdidas humanas y la exposición a tácticas remotas deterioran la moral y obligan a reconfigurar despliegues, con costosas implicaciones logísticas y presupuestales.
Escenarios plausibles y riesgos
Escenario 1 —Ofensiva sostenida y focalizada: una campaña bien coordinada contra finanzas y mandos, apoyada en inteligencia internacional y trabajo interinstitucional, podría golpear la capacidad operativa y disminuir ataques. Requisito: meses de trabajo, transparencia judicial y protección de comunidades.
Escenario 2 —Escalada sin objetivos claros: respuestas militares inmediatas pero aisladas podrían fragmentar grupos e intensificar violencia local, elevando víctimas civiles y desplazamientos. Riesgo político: pérdida de legitimidad si las operaciones no rinden resultados tangibles o generan daños a la población.
Escenario 3 —Estrategia mixta y prolongada: combinación de presión militar, ofertas de sustitución y programas de desarrollo territorial que, a mediano plazo, reduzcan la rentabilidad de las economías ilícitas. Es el más costoso y lento, pero el único con potencial de sostenibilidad.
Recomendaciones estratégicas
Priorizar capacidades de detección y neutralización de drones y minas; intensificar esfuerzos de desminado con apoyo internacional; abrir cauces judiciales transparentes para asegurar seguimiento y castigo; proteger a las comunidades rurales y activar mecanismos de reparación; y, vital, atacar las economías que financian la violencia mediante control financiero y alternativas económicas para productores y jóvenes en riesgo.
La retórica de firmeza del Gobierno ofrece una ventana política para actuar. Pero convertir promesas en reducción sostenida de la violencia exigirá combinar poder militar con estrategia socioeconómica, controles institucionales y cooperación regional. Sin ese equilibrio, la respuesta corre el riesgo de convertirse en combustible para una nueva fase de confrontación que pagarán, una vez más, las comunidades y las fuerzas que las protegen.