En menos de un mes tras el fuerte sismo del 10 de agosto, la estrategia del presidente Abelardo De La Espriella se ha concentrado en dos frentes: presencia pública en los territorios golpeados y la movilización de recursos —tanto estatales como privados— para la reconstrucción. Es una apuesta a gobernar desde la emergencia, que combina decretos excepcionales, un fondo centralizado para obras y el acercamiento directo a alcaldes, gobernadores y grandes empresarios. Pero esa combinación plantea preguntas críticas sobre capacidad local, transparencia y el rumbo de la recuperación social y estructural.
La estrategia de terreno
Los recorridos presidenciales buscan dos efectos simultáneos: mostrar gestión y acelerar decisiones operativas. Las medidas firmadas por el Ejecutivo incluyen la creación de un fondo nacional dedicado a la reconstrucción, flexibilidad para reasignar recursos y mecanismos que permiten a las empresas ejecutar obras en lugar de obligaciones fiscales. En el corto plazo, esto facilita entregas de ayuda y la activación de recursos; en el mediano y largo plazo, condiciona el diseño de la reconstrucción a parámetros fijados desde la Casa de Nariño y a la capacidad administrativa de alcaldías y gobernaciones.
Privados en la línea de fuego
La respuesta del sector empresarial —con la participación de conglomerados financieros, industriales y de servicios— es tanto una oportunidad como un riesgo. El aporte privado puede acelerar la rehabilitación de infraestructura crítica: acueductos, escuelas y centros de salud requieren fiadores y ejecución inmediata. Sin embargo, la gran presencia de grandes grupos económicos introduce incentivos distintos: contratos por obras, incentivos fiscales y condiciones crediticias preferenciales. Sin contrapesos robustos, existe el peligro de que las intervenciones prioricen rentabilidad o visibilidad política antes que necesidades comunitarias o criterios de resiliencia.
Datos y brechas
La reconstrucción exige información detallada: daños por municipio, viviendas afectadas, infraestructuras críticas, y población damnificada. El Gobierno ha exigido remitir esos informes con plazos precisos, pero persisten vacíos en el registro. Esa ausencia de datos coordinados complica la asignación eficiente de recursos y favorece decisiones improvisadas. Además, regiones con menos capacidad técnica para reportar —como comunidades rurales y departamentos históricamente rezagados— corren el riesgo de quedar desprovistas del financiamiento o de planes a la medida.
Escenarios y riesgos
Mejor escenario: coordinación efectiva entre Estado, entes territoriales y sector privado; datos confiables; contratación transparente; y enfoque de reconstrucción que combine reparación inmediata con inversión social y adaptación climática. Resultado: no solo reparación física, sino reducción de vulnerabilidades estructurales, especialmente en departamentos con rezago acumulado.
Escenario intermedio: ejecución rápida de obras visibles (viviendas, vías), pero con insuficiente atención a servicios básicos y participación comunitaria. Se logra reconstrucción parcial, persisten desigualdades y surgen tensiones locales por percepciones de inequidad.
Peor escenario: demora en la consolidación de información, adjudicaciones opacas y captura por intereses privados o clientela política. Esto profundiza desconfianza, desperdicia recursos y deja a comunidades vulnerables sin soluciones duraderas.
Qué significa para la sociedad
El modo en que se administre esta etapa definirá la legitimidad política del Gobierno y el futuro de regiones golpeadas. Si la reconstrucción se orienta a replicar infraestructuras precarias, se pierde la oportunidad de reducir riesgos y cerrar brechas históricas. Si, por el contrario, se prioriza la transparencia, la participación comunitaria y la resiliencia, la intervención puede convertirse en un punto de inflexión para departamentos históricamente marginados.
Recomendaciones críticas
Para maximizar resultados y minimizar riesgos, conviene adoptar medidas concretas: transparencia total en el manejo del fondo y contratos; auditorías independientes con acceso público a los procesos; condicionalidad en los acuerdos con el sector privado para garantizar criterios sociales y de resiliencia; fortalecimiento urgente de capacidades técnicas municipales para capturar daños reales; y mecanismos de participación ciudadana para priorizar necesidades locales.
La magnitud de las pérdidas materiales y humanas exige rapidez, pero la prisa no puede ser excusa para prácticas que reproduzcan inequidades. La reconstrucción es una prueba de gobernabilidad: su éxito o fracaso tendrá efectos políticos, sociales y económicos que perdurarán décadas.