En la reciente cumbre de mandatarios regionales en Mompox, el presidente Abelardo De La Espriella lanzó una advertencia que promete reconfigurar la relación entre el Ejecutivo central y las autoridades locales: no habrá tolerancia para negociaciones locales no autorizadas con grupos armados. El mensaje, dirigido con especial énfasis al gobernador de Nariño, ha puesto en evidencia una tensión central para el país: la promoción de mayor autonomía regional frente a la reafirmación del control estatal sobre la seguridad y la política de paz.
Descentralizar, pero con límites
En apariencia, la administración dice avanzar hacia la transferencia de recursos y decisiones a las regiones: inversión en infraestructura, servicios y iniciativas rurales. Sin embargo, la súbita insistencia en castigar cualquier acercamiento local con actores armados expone una línea roja que el Gobierno considera innegociable. Esa doble apuesta —más poder local acompañado de férrea supervisión central en materia de seguridad— no es neutra: abre una zona gris sobre hasta dónde llega la autonomía regional y quién define los cauces legítimos para dialogar en territorios sometidos a violencia.
El núcleo del problema es conceptual y práctico. Conceptualmente, existe una tensión entre la lógica administrativa de descentralización (dar herramientas a gobernadores y alcaldes para resolver problemas locales) y la prerrogativa del Estado de monopolizar la negociación con actores armados. En la práctica, la advertencia presidencial añade presión sobre mandatarios regionales que, frente a la presencia persistente de grupos ilegales, han explorado rutas extraoficiales de diálogo o soluciones locales para reducir la violencia o asegurar servicios básicos.
Coincidencias, contradicciones y vacíos
Hay coincidencia en la necesidad urgente de recuperar control territorial y desarticular economías criminales. Pero también hay contradicciones notorias: ¿cómo se compatibiliza el discurso de “más autonomía” con la amenaza de sanción penal contra autoridades que tomen iniciativas propias en zonas donde el Estado no tiene plena presencia? Además, la definición de lo que constituye un diálogo "clandestino" no se ha precisado públicamente, lo que deja a mandatarios locales en una incertidumbre operacional.
Otro vacío inquietante es la ausencia de mecanismos claros y transparentes para que los territorios informen, coordinen y, si es necesario, pidan autorización para interlocuciones locales en contextos de emergencia humanitaria o seguridad. Sin protocolos acordados, cualquier iniciativa local corre el riesgo de ser interpretada como traición o connivencia, incluso cuando busque reducir daños para la población civil.
Qué significa esto para las regiones y la paz
Para departamentos como Nariño, con historial de conflicto y tejidos sociales complejos, la advertencia presidencial puede tener efectos contraproducentes. La criminalización de iniciativas locales puede empujar a gobernantes a la pasividad—evitando intervenir por miedo a repercusiones—o a la polarización abierta con el Ejecutivo central. En ambos escenarios, lo que pierde es la capacidad de respuesta efectiva frente a la violencia cotidiana y la garantía de derechos para comunidades afectadas.
En el plano político, el cruce entre un gobernador crítico de la línea nacional y un presidente que marca límites públicos anuncia una nueva fase de tensión entre niveles de gobierno que podría traducirse en litigios, investigaciones y mayor confrontación pública. Para la sociedad, la mayor preocupación es práctica: ¿quién protege a las comunidades en los intersticios donde el Estado no llega y los grupos armados actúan?
Escenarios y riesgos
Escenario 1 — Aplicación estricta: El Gobierno persigue y sanciona a autoridades que supere el umbral definido por la Casa de Nariño, reforzando la centralidad del Ejecutivo en materia de seguridad. Riesgo: erosión de la confianza entre niveles de gobierno, paralización de iniciativas locales y aumento de litigios administrativos y penales.
Escenario 2 — Marco regulado: Se diseña un protocolo claro que permite canales supervisados para interlocuciones locales con validación estatal, combinando autonomía operativa con control y transparencia. Oportunidad: crear instrumentos que reduzcan la violencia sin criminalizar respuestas comunitarias y mejorar coordinación interinstitucional.
Escenario 3 — Polarización creciente: La disputa política entre mandatarios regionales y el Ejecutivo se intensifica, alimentando narrativas de insubordinación y de protección de “intereses locales”. Riesgo: debilitamiento de políticas públicas, mayores vacíos de gobernabilidad y oportunidades para que actores armados capitalicen la inestabilidad.
Recomendaciones para evitar el cortocircuito
Primero, precisar legal y operativamente qué tipos de diálogo están prohibidos y cuáles pueden ser instrumentos de reducción del daño, con reglas claras de transparencia. Segundo, crear comités mixtos —con participación del Gobierno central, gobernadores, autoridades locales y veeduría civil— para autorizar y supervisar interlocuciones en territorios críticos. Tercero, acompañar cualquier estrategia de seguridad con inversión sostenida en servicios públicos y programas de desarrollo rural para atacar las raíces de la violencia.
En suma, la advertencia presidencial pone en evidencia una disyuntiva crítica: si la ambición es fortalecer territorios, el Ejecutivo deberá traducir la retórica de autonomía en devoluciones de poder acompañadas de marcos de confianza y rendición de cuentas. Si no, la frase sobre “líneas que no se toleran” corre el riesgo de transformar la descentralización en un titular vacío y agravar los dilemas que enfrentan las regiones más afectadas por el conflicto.