El reciente reproche público del presidente Abelardo De La Espriella a gobernadores —y en particular al mandatario de Nariño— no es solo una reprimenda personal: es la manifestación de una tensión estructural entre dos promesas centrales de su gobierno: descentralizar poder y asegurar el monopolio estatal de la violencia. Ese cruce, si no se define con reglas claras, puede convertir iniciativas locales en detonante de confrontaciones políticas, judiciales y territoriales.
Choque entre descentralización y seguridad
En la Cumbre de Gobernadores, el jefe del Estado dejó claro que desviaciones en las políticas de seguridad serán perseguidas. Al mismo tiempo, ofreció transferencia de recursos y competencias a las regiones para obras y desarrollo. El choque surge cuando la autonomía regional —legítima en términos administrativos y políticos— se interpone con estrategias de seguridad que La Presidencia considera exclusivas del Estado. La advertencia presidencial, dirigida a un gobernador crítico, revela que esa autonomía tendrá límites explícitos cuando se perciba colaboración o diálogo no oficial con grupos armados.
Qué muestran los hechos y qué queda sin responder
Los pronunciamientos oficiales subrayan el temor de que autoridades locales, en busca de paz o de gestión de conflictos, opten por vías no institucionales. Pero falta precisión: no se han publicado criterios objetivos que definan qué constituye un "diálogo clandestino" frente a procesos de mediación local o acuerdos humanitarios preventivos. Tampoco se han detallado los mecanismos de verificación, ni las sanciones concretas y el debido proceso para investigar a funcionarios regionales. Esa laguna convierte la acusación política en arma ambigua: puede proteger la seguridad nacional o, al mismo tiempo, ser utilizada para disciplinar adversarios.
Implicaciones para Nariño y otras regiones
Departamentos con presencia histórica de actores armados—como Nariño—operan en un terreno donde la interlocución con grupos ilegales a veces ha sido práctica de facto para garantizar servicios o reducir violencia. Criminalizar de inmediato toda forma de contacto sin ofrecer canales transparentes controlados por el Estado podría empujar a autoridades locales hacia la clandestinidad o a persistir en arreglos informales que dificulten la investigación y la rendición de cuentas.
Escenarios plausibles
Primero, un escenario represivo: el Gobierno activa investigaciones, judicializa a autoridades regionales sospechosas y refuerza presencia militar. Esto puede recuperar control territorial en el corto plazo, pero aumentar la polarización política, reducir la cooperación local y generar choques con alcaldes y gobernadores que reclamen autonomía para gestionar paz y orden.
Segundo, el escenario regulatorio: el Ejecutivo diseña protocolos claros para mediación con actores armados—con supervisión judicial, participación de la sociedad civil y mecanismos de transparencia—y desactiva la tensión política al institucionalizar canales. Este camino exige inversión en capacidades locales y garantías para que las mediaciones no legitimen economías ilícitas.
Tercero, el escenario híbrido: mezcla pressión judicial selectiva y ofertas de recursos, que podría traducirse en control centralizado con gestos de descentralización simbólica, aumentando la incertidumbre política y erosión de confianza entre niveles de gobierno.
Riesgos y oportunidades
Riesgos: judicializar sin reglas claras puede vulnerar la legitimidad del Estado y choques con el electorado regional; la polarización política puede obstaculizar políticas públicas; acuerdos clandestinos persistentes serán más difíciles de detectar si se estigmatizan todas las formas de diálogo. Oportunidades: la crisis abre una ventana para ordenar legalmente la mediación con grupos armados, profesionalizar consejos de seguridad locales, y condicionar recursos a transparencia y protección de derechos humanos.
Qué significa esto para la gobernabilidad
El conflicto entre autonomía y seguridad no es solo técnico: es una disputa sobre quién decide sobre la normalización del territorio. Si el Gobierno actúa sin reglas, corre el riesgo de convertir la seguridad en instrumento de control político; si no actúa, arriesga perder el monopolio del uso legítimo de la fuerza y ver cómo espacios públicos son negociados fuera del Estado. La gobernabilidad, por tanto, exige claridad institucional: protocolos de diálogo, mecanismos independientes de verificación, controles judiciales y garantías sociales para que la descentralización no se convierta en permisividad para actores armados.
Recomendaciones prácticas
Para transitar hacia una solución que combine autonomía y ley, el Estado debería: 1) definir y publicar criterios que distingan mediación legítima de pactos ilícitos; 2) fortalecer consejos de seguridad y comités territoriales con personal técnico y mecanismos de rendición de cuentas; 3) habilitar canales formales de diálogo supervisados por fiscalías o veedurías independientes; y 4) acompañar con inversión social para reducir las condiciones que propician la presencia de grupos armados.
La sentencia política lanzada desde Mompox marca el rumbo del gobierno: más poder para las regiones, pero condiciones estrictas. El desafío será convertir esa voluntad en marcos institucionales que preserven la autonomía, sin regalar espacios a la ilegalidad ni usar la seguridad como instrumento de castigo selectivo. La forma en que se resuelva esta tensión definirá no solo la seguridad del país, sino la calidad real de la descentralización.