En la Cumbre de Gobernadores en Mompox el presidente Abelardo De La Espriella lanzó una advertencia pública contra cualquier negociación local con grupos armados, y puso en el centro del mensaje al gobernador de Nariño. Lo que en apariencia es un llamado a la legalidad vuelve a tensar dos principios que el Gobierno dice promover a la vez: mayor autonomía regional y control nacional de la seguridad.
Lo dicho y las ambigüedades
El mandatario fue directo: ningún gobernador ni alcalde debe entablar contactos o pactos “por su cuenta” con estructuras criminales. Al mismo tiempo, reafirmó una agenda de transferencia de recursos y decisión hacia los territorios. El mensaje llegó acompañado de una amenaza de judicialización para quien cruce esa línea. Pero en ese planteamiento quedan sin responder preguntas cruciales: ¿qué pruebas o criterios convertirán un diálogo local en una conducta punible? ¿qué papel tendrán los mecanismos institucionales que históricamente han mediado entre el orden nacional y las iniciativas territoriales?
Autonomía en tensión
El núcleo del conflicto es conceptual. La descentralización que propone el Gobierno busca empoderar a gobernadores con más presupuesto y capacidad de decisión. Pero la advertencia presidencial define un límite rígido sobre las formas de relacionarse con actores armados. Esa frontera pone a los mandatarios regionales ante una disyuntiva práctica: facilitar soluciones locales para el control territorial y la protección de comunidades, o evitar cualquier acercamiento que pueda ser calificado como ilegal y exponerse a sanciones.
Consecuencias políticas y jurídicas
Políticamente, la llamada directa al gobernador de Nariño genera efectos inmediatos de polarización: obliga a los mandatarios a alinearse públicamente con la Casa de Nariño o a presentarse como posibles sospechosos de connivencia. Jurídicamente, abre la puerta a procesos si el Ejecutivo o la Fiscalía consideran que hubo “negociaciones clandestinas”, pero al no existir una definición precisa la acción estatal corre el riesgo de arbitrariedad. Además, la amenaza de judicializar puede actuar como factor desincentivador para iniciativas locales de reducción de violencia que no encajen en protocolos estrictos.
Tres escenarios a futuro
1) Contención y cooperación: el Gobierno desarrolla protocolos claros sobre qué constituye un contacto legítimo con comunidades, activa los consejos de seguridad territoriales y financia alternativas civiles para negociaciones no militares. Esto permitiría alinear descentralización con control estatal y reducir fricciones.
2) Judicialización y escalada: cálculos políticos o pruebas débiles llevan a investigaciones públicas contra autoridades regionales. El resultado sería una mayor militarización del conflicto local, retroceso de espacios de diálogo y desgaste institucional en los territorios donde la presencia del Estado es frágil.
3) Normalización de pactos locales informales: si la oferta estatal de recursos y presencia no se materializa, algunos mandatarios podrían mantener canales pragmáticos con actores armados para gestionar orden público, con el riesgo de legitimar redes criminales y fragmentar aún más la autoridad nacional.
Vacíos y riesgos que persisten
La retórica presidencial revela lo que no abordó: el tamaño institucional para verificar contactos locales, mecanismos transparentes de rendición de cuentas y garantías para que los gobernadores actúen sin temor al uso político de las acusaciones. Sin esos instrumentos, la advertencia puede funcionar como una herramienta de control político más que como una política de seguridad eficaz.
Qué significa esto para la sociedad y la gobernabilidad
Para las comunidades, la tensión entre seguridad y autonomía define el acceso real a soluciones sobre carretera, energía, agua y protección. Si el Estado centra su respuesta en amenazas y sanciones, disminuirá la capacidad de diálogo necesario en zonas donde la guerra social ha hecho colapsar canales institucionales. Para la gobernabilidad, la tensión puede traducirse en gobiernos regionales paralizados por el temor a represalias o en una fragmentación del orden público donde se sustituyan soluciones públicas por arreglos privados.
Recomendaciones prácticas
Para convertir la advertencia en política eficaz conviene: precisar por ley o decreto qué constituye una negociación ilícita; activar protocolos de verificación interinstitucional con participación de la Procuraduría y la Fiscalía; diseñar mecanismos formales para que los gobernadores informen y legitimen acercamientos con actores locales; y, finalmente, acompañar medidas de control con recursos concretos para sustituir dinámicas de negociación informal por inversión estatal.
La tensión entre descentralizar poder y centralizar la seguridad no es nueva, pero el tono y la concreción de las medidas definirán si la advertencia presidencial reduce la violencia y fortalece el Estado, o si profundiza la polarización y erosiona espacios de gestión territorial indispensables para la paz.