Colombia se encuentra en una encrucijada estratégica frente a sus grupos armados organizados, evidenciando un marcado viraje en la política de seguridad del Estado. Lo que inició como una apuesta por el diálogo y la “paz total” bajo una administración, da paso ahora a una postura de confrontación militar sin concesiones por parte del gobierno entrante, liderado por Abelardo De La Espriella.
El repliegue de la 'Paz Total'
La reciente decisión de suspender el beneficio de no extradición para alias “Chiquito Malo”, líder del Clan del Golfo, marcó un punto de inflexión en la controvertida política de “paz total”. Esta medida, justificada por la ausencia de “sinceridad” en los acercamientos, sugiere un reconocimiento de los límites del diálogo frente a la persistencia de actividades criminales. Las revelaciones sobre supuestos privilegios otorgados a estas estructuras en el pasado, desde la suspensión de bombardeos hasta la retirada de inteligencia, generaron un intenso escrutinio político y la exigencia de investigaciones a fondo, incluso desde el seno del Pacto Histórico y por el propio presidente electo.
La era de la 'Seguridad Total'
En contraste, la administración que toma las riendas del país ha articulado una narrativa de seguridad basada en la ofensiva implacable. Desde el inicio, se ha emitido un ultimátum claro a los cabecillas de las organizaciones criminales: sometimiento o la aplicación de toda la fuerza del Estado. Los primeros días de gobierno han sido testigos de una serie de operaciones contundentes, que incluyen la neutralización de figuras clave como alias “Tigre o Pintado” de las disidencias de “Iván Mordisco” en Guaviare, y la muerte de alias “Bendito Menor” de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
La retórica presidencial ha sido igualmente firme, caracterizada por mensajes directos y sin ambages. La expresión “este miserable ahora está a buen recaudo del infierno” tras la baja de “Bendito Menor” no solo subraya la determinación del Estado, sino que busca redefinir la relación entre autoridad y criminalidad, enviando una señal inequívoca de que la complacencia ha terminado. Este discurso se acompaña de un respaldo público y explícito a la Fuerza Pública, prometiendo una defensa irrestricta de sus acciones en la lucha contra el crimen organizado.
El dilema de los grupos armados
Ante este panorama, la posición de los grupos armados se vuelve cada vez más precaria. Las demandas del Clan del Golfo por “seguridad jurídica y personal” y garantías para sus combatientes, formuladas en un contexto de búsqueda de acercamiento, colisionan frontalmente con la postura de cero negociaciones del nuevo gobierno. La captura de alias “La Patrona”, hermana y articuladora financiera de “Chiquito Malo”, es otro indicador de la presión sostenida. La expectativa de un sometimiento a la justicia ordinaria, aunque reconocida como inevitable por algunos de estos grupos, ahora se enfrenta a condiciones impuestas por un Estado que ha endurecido su mano.
¿Un futuro de confrontación?
El giro en la política de seguridad de Colombia proyecta un futuro de intensificación en la confrontación armada. Si bien busca restaurar la autoridad estatal y desmantelar las estructuras criminales, este enfoque no está exento de riesgos. La negación total de espacios de diálogo podría conducir a una mayor atomización de los grupos, nuevas alianzas o una escalada de violencia en las regiones más afectadas. La pregunta central es si esta estrategia de “mano dura” podrá lograr una pacificación duradera o si, por el contrario, exacerbará el conflicto, dejando a su paso un rastro de incertidumbre y desafíos humanitarios. El país se prepara para un capítulo donde la fuerza del Estado buscará imponerse de manera definitiva.