La decisión del Gobierno de clausurar procesos de diálogo abiertos en la última administración no es solo un cambio de táctica: es la puesta en escena de una nueva definición estratégica sobre cómo el Estado concibe la violencia armada y el control territorial. Lo que parecía un repliegue administrativo se proyecta como una apuesta por la seguridad coercitiva que busca rescatar el control estatal visible, pero que enfrenta límites estructurales y produce efectos secundarios que ya se hacen visibles en territorios y en la escena política nacional.
Por qué la estrategia anterior quedó incompleta
Hubo una ambición de buscar acuerdos amplios con múltiples estructuras armadas, que generó avances técnicos —instalación de mesas, acuerdos parciales, zonas de ubicación temporal— y expectativas altas entre comunidades que reclamaban paz y normalización. Sin embargo, esa estrategia no alcanzó su objetivo central: transformar las condiciones estructurales que sostienen la violencia. La falta de implantación institucional integral —servicios públicos, alternativas económicas sostenibles y justicia transicional con claridad— dejó un vacío que alimentó la continuidad de economías ilegales y permitió que mandos optaran por la confrontación en busca de rentas y control.
Al mismo tiempo, la heterogeneidad de actores —desde estructuras con marcado interés económico hasta facciones con retórica político-rebelde— complicó la interlocución. Donde el Estado esperaba interlocutores con incentivos a la paz encontró una mezcla de tácticas: negociaciones instrumentales, usos de suspensión de órdenes de captura para ganar legitimidad pública y maniobras para preservar cuadros operativos. El resultado fue una mesa que convivió entre acuerdos formales y dinámicas territoriales que los desbordaron.
La fragmentación como efecto doble
La disolución de intentos de recomposición de fuerzas armadas clandestinas ha derivado en una fragmentación que tiene doble lectura. En el plano estratégico nacional, la dispersión de mandos y la pelea entre grupos ha debilitado proyectos de reconstitución de tipo nacional y, en ese sentido, redujo la capacidad de una confrontación centralizada. Pero en términos locales la fragmentación suele agravar la violencia: competencia por rutas y espacios de negocio ilegal, venganzas entre fracciones y transferencia de poder a estructuras criminales más localizadas y más difíciles de negociar.
Esto crea una paradoja: menos capacidad estratégica agregada de un grupo puede traducirse a corto plazo en más violencia y presión sobre las poblaciones civiles, con mayor riesgo de desplazamientos, extorsión y reclutamiento forzado.
Qué significa el desmonte para la política y la sociedad
Políticamente, la medida refuerza el perfil del Gobierno como centrándose en la seguridad dura y marca distancia con el modelo de la administración previa. Esto genera beneficios inmediatos en términos de audiencias y consolidación de una base electoral que prioriza el orden y la mano dura. Sin embargo, también abre frentes: polariza el debate público sobre paz y seguridad; expone a la oposición y a quienes apostaron por la negociación a acusaciones de ingenuidad; y tensiona la relación entre comunidad, Estado y organismos de control por la incertidumbre sobre garantías y vías legales para quienes optaron por acercamientos.
En lo social, el costo más relevante será la confianza. Comunidades que habían empezado a percibir una reducción de la imposición armada y un aumento de la interlocución pueden volver a experimentar ausencia estatal, o una presencia marcada por operaciones militares y policiales sin contrapartida social. Esa pérdida de confianza erosiona la legitimidad de cualquier iniciativa futura que busque soluciones integrales.
Escenarios plausibles y sus riesgos
Escenario 1 — Seguridad dominante y contención táctico-operativa: el Gobierno prioriza la acción militar y la cooperación internacional (extradiciones, inteligencia, ofensivas). Podría bajar la presión de grupos medianos en ciertas zonas, pero generaría un aumento de dinámicas criminales locales, más violaciones a derechos humanos y desplazamientos, si no se instrumenta simultáneamente una respuesta social y judicial. Riesgo: legitimidad estatal erosionada en territorios rurales.
Escenario 2 — Reconfiguración híbrida: el Ejecutivo combina presión militar con oferta revisada de incentivos legales y proyectos de economía lícita focalizados. Aquí la clave es diseñar condicionalidades claras y mecanismos de verificación independientes. Oportunidad: contener fragmentación violenta y reducir incentivos económicos del delito; dificultad: coordinar instituciones para evitar que la militarización anule las medidas sociales.
Escenario 3 — Ciclo de violencia prolongada: el cierre de mesas sin alternativas viables de inclusión y justicia alimenta reacomodos criminales, con aumento de microconfrontaciones entre bandas, expansión urbana del crimen organizado y mayor influencia del crimen transnacional. Consecuencia: costos sociales y fiscales crecientes, y dificultad futura para reabrir canales de diálogo con interlocutores confiables.
Qué falta en la agenda para evitar errores repetidos
Primero, una apuesta explícita por la presencia estatal integral: no basta con seguridad; se requieren servicios judiciales, salud, educación y proyectos productivos sostenibles. Segundo, transparencia y control sobre las medidas excepcionales —extradiciones, suspensión de reconocimientos a interlocutores— para evitar arbitrariedades y reforzar el Estado de derecho. Tercero, mecanismos de monitoreo civil e internacional que verifiquen impactos sobre la población y prevengan abusos. Cuarto, un plan regional que atienda efectos transfronterizos y coordine con países vecinos la lucha contra economías criminales.
El cierre de capítulos de la 'paz total' no implica que el problema de la violencia desaparezca; implica que la política pública ha cambiado de herramienta. El desafío para el Estado y la sociedad es evitar que la búsqueda de control inmediato sacrifique la construcción de condiciones que sostengan la paz en el tiempo. Sin un plan integral que combine seguridad, justicia y desarrollo, la próxima década podría verse marcada por más titulares sobre operaciones exitosas y, al mismo tiempo, por el empeoramiento de las condiciones de vida en los territorios donde se libran las verdaderas batallas por el futuro del país.