En menos de un mes de gobierno, la administración de Abelardo De La Espriella ha llevado a cabo una serie sostenida de operaciones contra los que considera los principales cabecillas de los Grupos Armados Organizados (GAO). Las acciones —que incluyen capturas con apoyo internacional, bombardeos y operaciones terrestres— han dejado decenas de muertos y varios arrestos de alto valor, y han sido celebradas por el Ejecutivo y autoridades locales como un golpe a la impunidad.
Qué ocurrió
Las fuerzas del Estado han ejecutado una batería de allanamientos, ofensivas militares y arrestos focalizados contra estructuras como disidencias de las Farc vinculadas a alias Iván Mordisco, miembros del Clan del Golfo, redes transnacionales como el Tren de Aragua y grupos paramilitares locales. Algunas operaciones combinaron inteligencia internacional —cooperación policial y solicitudes de extradición— con bombardeos y acciones de unidades especiales.
Coincidencias y vacíos
Hay una clara coherencia estratégica: prioridad a la neutralización de mandos medios y altos para desarticular redes criminales. También existe consenso político en torno a la necesidad de mostrar resultados rápidos: gobernadores, alcaldes y congresistas cercanos al Ejecutivo han publicitado los éxitos. En paralelo, la administración ha enfatizado el respaldo explícito a la Fuerza Pública y el rechazo a negociaciones con grupos armados.
Pero el relato oficial exhibe lagunas relevantes. No se ha transparentado de forma sistemática la evidencia que sustenta algunas identificaciones, el manejo de inteligencia previa a los operativos, ni los protocolos de protección de civiles. Tampoco se ha informado con detalle sobre las rutas judiciales que seguirán las detenciones, la capacidad de la Fiscalía para procesar los casos o estrategias de prevención para evitar represalias en los territorios afectados.
Contradicciones implícitas
El énfasis en la “decapitación” de estructuras durante las primeras semanas contrasta con la falta de anuncios sobre medidas sociales o institucionales para ocupar los vacíos territoriales que dejan los golpes militares. Además, la retórica presidencial de cero negociación podría ser eficaz para mostrar mano dura, pero a la vez reduce canales políticos que en otras circunstancias han resultado útiles para desactivar conflictos locales.
Qué significa esto
A corto plazo, los resultados pueden traducirse en réditos políticos: una percepción de eficacia del Gobierno y mayor legitimidad para una agenda de seguridad explícita. Operaciones coordinadas con agencias extranjeras también subrayan la naturaleza transnacional de varias redes, lo que refuerza la idea de que la lucha contra el crimen organizado requerirá cooperaciones internacionales permanentes.
Sin embargo, la eficacia operativa no garantiza la estabilidad. Históricamente, la eliminación o captura de líderes puede fragmentar organizaciones, generar luchas internas por el control de rentas ilícitas y aumentar la violencia local a medida que nuevas estructuras intentan consolidarse. Si el Estado no acompaña esas acciones con presencia institucional, justicia efectiva y políticas sociales, existe un riesgo elevado de que el problema se reproduzca con actores distintos pero igual de violentos.
Escenarios futuros
Mejor escenario: las operaciones se integran en una estrategia sostenida que combina inteligencia, judicialización efectiva, protección a testigos, políticas de sustitución de economías ilícitas y presencia estatal en servicios básicos. En ese caso, los golpes a cabecillas podrían generar debilitamiento estructural y reducción sostenida de la violencia.
Escenario intermedio: la presión militar desorganiza temporalmente a las bandas pero abre espacios que son ocupados por células fragmentadas o por redes transnacionales que diversifican sus negocios ilícitos. Se verían picos de violencia localizados y un aumento en delitos como extorsión y desplazamiento forzado.
Peor escenario: la ofensiva se percibe como selectiva y orientada al beneficio político, lo que provoca represalias, violaciones de derechos humanos y mayor militarización de regiones con escasa protección estatal. Las alianzas criminales pueden fortalecerse o internacionalizarse y la seguridad ciudadana empeoraría en el mediano plazo.
Riesgos y recomendaciones
Riesgos: venganza contra comunidades, desplazamiento interno, judicialización insuficiente, colapso de pruebas en procesos penales, mayor presencia de grupos extranjeros en economías ilícitas.
Recomendaciones: transparentar resultados e inteligencia con reserva judicial, asegurar investigación y control sobre posibles excesos, coordinar con la Fiscalía y redes de protección a víctimas, priorizar la ocupación institucional de territorios tras los golpes y articular programas sociales que reduzcan la adhesión local a organizaciones criminales. Fortalecer acuerdos regionales de policía judicial y controles fronterizos para cortar rutas transnacionales.
La ofensiva del Ejecutivo marca un punto de inflexión en estilo y prioridades: apuesta por la confrontación directa. Si esa apuesta se limita a golpes aislados, el efecto será táctico y temporal. Si se transforma en una política pública integral, con justicia, desarrollo y cooperación internacional sostenida, podría alterar ecuaciones criminales de largo plazo. El desafío real será demostrar que la fuerza no sustituye a la presencia del Estado.