En menos de una semana se registraron dos ataques letales contra militares en zonas distintas del país: un asalto con artefactos explosivos atribuido a grupos armados en Norte de Santander y la detonación de un campo minado en la vía Panamericana, en el suroccidente. La reacción presidencial, marcada por una retórica de contundencia y la promesa de “hacer caer todo el peso del Estado”, pone en evidencia una transición hacia una estrategia securitaria que busca golpear estructuras, cabecillas y las economías ilícitas que financian estos grupos.
Una escalada de tácticas letales
Los incidentes muestran una evolución en las tácticas: uso de drones para lanzar explosivos en el Catatumbo y de artefactos improvisados activados en corredores viales del Cauca-Nariño. Esa combinación —ataques remotos y dispositivos ocultos— reduce la exposición directa de los agresores y complica la prevención por parte de las tropas. Además, la identificación de presuntas estructuras responsables (frentes del ELN y remanentes como la llamada Estructura Franco Benavides) confirma la fragmentación y la diversificación de actores que compiten por rutas, economías ilícitas y control territorial.
Desde lo operativo, estamos ante amenazas que requieren inversión tecnológica (contramedidas antidrone, sensores y mejor equipamiento para detección de explosivos) y, al mismo tiempo, capacidades clásicas de inteligencia humana para desarticular cadenas logísticas y financieras. La captura en Nariño vinculada a la instalación de minas sugiere que las investigaciones comienzan a avanzar, pero el problema es de mayor alcance: la presencia simultánea de distintos grupos facilita que se reciclen tácticas y que se externalicen tareas —colocación de minas, vigilancia, transporte— a redes locales.
Escenarios y dilemas de la respuesta estatal
La hoja de ruta anunciada por la Presidencia apunta a una combinación de ofensiva militar y acciones contra las finanzas ilícitas. En el corto plazo, un despliegue más agresivo puede degradar capacidades de los grupos y producir resultados visibles: capturas, golpes logísticos y reducción temporal de acciones. Pero ese mismo enfoque conlleva riesgos: escalada de violencia, desplazamientos forzados, y el aumento de víctimas civiles si no hay protocolos estrictos de derecho internacional humanitario y transparencia en las operaciones.
Existen tres trayectorias plausibles. Primera, una campaña bien coordinada e inteligente que integre inteligencia, justicia y control financiero logra debilitar redes clave y recuperar espacios territoriales con impacto sostenido. Segunda, una respuesta eminentemente militar deja vacíos que son rápidamente ocupados por nuevos actores o economías ilícitas, convirtiendo las victorias tácticas en pérdidas estratégicas. Tercera, la violencia se recrudece y se internacionaliza, atrayendo apoyos externos y complicando la gobernabilidad regional.
Para que la primera trayectoria sea viable, la estrategia debe articular medidas adicionales: aceleración de procesos judiciales que garanticen sanciones efectivas, reforzamiento de la protección a comunidades afectadas, programas integrales de sustitución económica en territorios donde las economías ilegales sostienen, y campañas de desminado y educación en seguridad vial.
El lenguaje presidencial también tiene un componente político. Frases que prometen “no dejar impunes” los ataques mobilizan legitimidad entre sectores que exigen mano dura, pero pueden tensionar controles democráticos si la respuesta se instrumenta sin contrapesos. La transparencia sobre objetivos, límites y resultados operativos será clave para mantener respaldo social y evitar que el conflicto erosione instituciones.
En términos socioeconómicos, la inseguridad en corredores como la Panamericana y en regiones productoras del Catatumbo tiene impactos concretos: interrupciones en cadenas de abastecimiento, menor inversión local, afectación de cultivos y aumento del costo de los seguros y la logística. La prolongación de este clima de violencia podría desacelerar proyectos de desarrollo y profundizar la pobreza regional, alimentando un ciclo que, a su vez, nutre la criminalidad.
Finalmente, la modernización de la amenaza (drones, minas improvisadas) obliga a una respuesta multidimensional: tecnología y táctica militar, sí, pero también inteligencia económica, cooperación internacional para cortar flujos ilícitos, inversiones sociales sostenibles y un sistema judicial capaz de transformar detenciones en condenas firmes. Sin ese marco, los golpes tácticos se traducirán solo en titulares temporales, mientras que la estructura del problema permanece intacta.
El desafío inmediato para el Gobierno es equilibrar eficacia operativa y respeto a derechos, convertir promesas en acciones verificables y diseñar políticas que no solo persigan a quienes atacan, sino que corten las raíces económicas y sociales que permiten que los grupos armados resurjan.