La devastación causada por el terremoto que golpeó el occidente del país el pasado 10 de agosto ha desatado una ola de medidas gubernamentales bajo el amparo de un estado de emergencia económica. Si bien el espíritu oficial de estos decretos es ofrecer alivios y facilitar la reconstrucción, un examen más detenido revela tensiones significativas entre la respuesta humanitaria inmediata y una agenda gubernamental más amplia, generando interrogantes sobre la transparencia y la prudencia fiscal.
Alivios urgentes, dudas latentes
El paquete normativo, compuesto por once decretos legislativos, contempla acciones directas para mitigar el impacto en los 16 departamentos afectados. Se han habilitado condonaciones de deudas, exenciones de impuestos territoriales como el predial y el ICA, y esquemas de pago diferido para damnificados. Adicionalmente, se prevé la canalización de fondos para reparar la infraestructura eléctrica sin trasladar los costos a los usuarios, y se garantiza el pago de pensiones en municipios con finanzas comprometidas. Una novedad es la expansión del programa ‘Obras por Impuestos’, que permitirá a los contribuyentes financiar proyectos de reconstrucción en cualquier área afectada, superando las limitaciones previas.
Para asegurar la gestión de los recursos, se creó el Fondo Milagro, un patrimonio autónomo bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y con vigilancia de una auditoría internacional. Estas disposiciones, en apariencia, buscan una recuperación eficiente y solidaria. Sin embargo, no todo el articulado ha sido recibido con el mismo beneplácito, ni siquiera desde las propias filas del oficialismo.
La sombra de las megacárceles
La representante María del Mar Pizarro, miembro del partido de gobierno, ha encendido las alarmas al convocar a un debate de control político al Ministro de Hacienda. Su principal objeción se centra en una cláusula del decreto matriz (1261) que permite la sustitución de establecimientos penitenciarios afectados por la construcción de “construcciones regionales de mayor capacidad”. La parlamentaria cuestiona la pertinencia de destinar facultades extraordinarias de emergencia a la edificación de “megacárceles” en un momento donde la prioridad debería ser el techo, la salud y las vías de los damnificados. Si bien reconoce que algunas prisiones sufrieron daños, la intención de edificar nuevas infraestructuras de gran escala bajo el paraguas de la emergencia plantea serias dudas sobre la focalización de los recursos.
El riesgo de una caja sin fondo
La preocupación se agudiza al considerar el complejo panorama fiscal del país. Con un déficit cercano al 7,8% del PIB, una deuda bruta superior al 60% y un cupo de endeudamiento prácticamente agotado al inicio del actual gobierno, la gestión financiera de la emergencia es crítica. Pizarro señala que los decretos contemplan más de 40 medidas presupuestales y tributarias, incluyendo el uso de activos de entidades como la SAE y el FRISCO, sin precisar el costo total ni el porcentaje que se asumirá con nuevo endeudamiento. Este vacío de información, sumado a que este es el segundo estado de emergencia económica declarado en el mismo año, pone a prueba los límites constitucionales y la capacidad del país para absorber un gasto extraordinario sin comprometer su estabilidad económica a largo plazo.
Implicaciones: ¿Agilidad o arbitrariedad?
La situación actual dibuja un dilema: la necesidad imperante de una respuesta gubernamental ágil ante una catástrofe natural frente al riesgo de una expansión de las facultades ejecutivas que eluda el control democrático ordinario. La repetición de los estados de emergencia podría sentar un precedente problemático, desdibujando la línea entre la urgencia legítima y la conveniencia política para impulsar agendas que, en condiciones normales, requerirían un debate legislativo más riguroso y transparente.
La controversia de las prisiones es un síntoma de una posible desconexión entre el objetivo declarado de la emergencia y algunas de sus medidas. El debate de control político será crucial no solo para exigir claridad sobre el uso de los fondos, sino para reafirmar los principios de rendición de cuentas y el balance de poderes, pilares fundamentales en cualquier democracia, especialmente en tiempos de crisis. La manera en que se resuelvan estas tensiones definirá no solo el futuro de la reconstrucción post-terremoto, sino también la fortaleza institucional del país ante futuras adversidades.