La ambiciosa política de 'paz total' que marcó el gobierno anterior culmina su desmantelamiento bajo la administración de Abelardo De La Espriella, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre, una inversión colosal y, paradójicamente, una consolidación preocupante de los grupos armados ilegales. Lo que se concibió como un camino hacia el cese de todas las violencias, hoy se evalúa entre la frustración de las expectativas y las consecuencias no deseadas en el tablero de la seguridad nacional.
Una Apuesta Ambitieuse
La visión de la 'paz total' buscaba integrar a diversos actores armados en procesos de diálogo y sometimiento, amparada en un mandato constitucional de búsqueda de la paz. Negociadores como Camilo González Posso, quien estuvo al frente de las conversaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de 'Calarcá', relatan una travesía accidentada. Se lograron ceses al fuego bilaterales y una agenda de transformaciones territoriales, pero la meta principal de desarticular a estos grupos jamás se materializó. La narrativa oficial del gobierno anterior sugería un diseño estratégico, pero la realidad en los territorios, marcada por la priorización de la guerra interna y el control de economías ilícitas por parte de los grupos, tropezó con las "propias ilusiones" de los negociadores, quienes reconocen que la expectativa no correspondió con la realidad.
Cifras Que Cuestionan
El costo de esta estrategia fallida asciende a una cifra impactante: 125.174 millones de pesos ejecutados entre agosto de 2022 y junio de 2026. La mayor parte de esta suma se destinó a negociaciones políticas con grupos armados, cubriendo desde transporte aéreo y medidas de protección hasta honorarios y logística para la participación de la sociedad civil. Por ejemplo, solo en transporte y protección se invirtieron más de 43 mil millones de pesos. Sin embargo, esta masiva inyección de recursos no condujo a ningún acuerdo de paz significativo. Peor aún, datos del Ministerio de Defensa de julio de 2026 revelan que los grupos armados aumentaron sus integrantes en un 90 por ciento, pasando de 15.120 a 28.802 miembros, con crecimientos exponenciales en el Clan del Golfo (152%), el EMC (109%) y la CNEB (108%). Estos números ponen en entredicho la efectividad de los diálogos y plantean interrogantes sobre si las negociaciones fueron aprovechadas para fortalecerse tácticamente.
El Fraccionamiento: ¿Debilidad o Resistencia?
Un punto de análisis divergente surge en torno al fraccionamiento de los grupos. Mientras la administración De La Espriella percibe el aumento en el número de integrantes como una evidencia del fracaso y el fortalecimiento de la criminalidad, Camilo González Posso argumenta que esta fragmentación, si bien no fue parte de la estrategia gubernamental, resultó en un debilitamiento estratégico de los grupos. Para él, una estrategia de paz tiende a dividir a quienes buscan la guerra, mientras que una estrategia de confrontación total los unifica. Aunque reconoce que algunos grupos se fortalecieron localmente en su capacidad de daño, insiste en que perdieron "perspectiva estratégica" y prestigio internacional. Esta tensión interpretativa es clave: ¿es la fragmentación una señal de éxito indirecto en la desestabilización, o meramente una redistribución del poder que sigue manteniendo en vilo la seguridad territorial?
El Giro de Timón
La respuesta del gobierno de Abelardo De La Espriella ha sido un desmonte categórico de la 'paz total'. Con nueve resoluciones, se cerraron formalmente los diálogos con el EMBF de 'Calarcá', la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), citando la "ausencia de condiciones" y calificándolos de "falsa paz, falso diálogo". Las órdenes de captura y las solicitudes de extradición contra cabecillas han sido reactivadas, señalando un cambio hacia una postura más firme y posiblemente militarizada. El plan incluye el cierre de todas las mesas pendientes y la creación de un Comisionado Nacional de Seguridad, en reemplazo de la figura de Consejero Comisionado de Paz.
¿Qué Sigue para la Paz en Colombia?
El desmantelamiento de la 'paz total' cierra un capítulo de gran inversión y pocas victorias definitivas. Las zonas de ubicación temporal, como la de Putumayo donde aún permanecen 99 integrantes de la CNEB "en indefensión", quedan en un limbo jurídico y logístico. La falta de una ley de sometimiento para grupos de crimen de alto impacto dejó estancadas varias conversaciones socio-jurídicas, evidenciando un vacío legal crucial. La nueva política de seguridad del gobierno De La Espriella, al optar por un enfoque más confrontacional, abre la puerta a una posible escalada de la violencia, pero busca reafirmar la autoridad del Estado. El reto ahora radica en cómo el Estado colombiano redefinirá su estrategia para lograr la paz, cumpliendo con su mandato constitucional, sin caer en las ilusiones de una negociación a cualquier costo ni en los riesgos de una guerra sin diálogo, en un escenario donde los grupos armados, según las cifras, han ganado terreno y capacidad operativa.