En menos de 48 horas la Casa de Nariño ofreció dos balances que cuentan la misma operación y, sin embargo, dibujan relatos distintos. Ambos informes celebran golpes a grupos armados y a las economías ilícitas que los financian, pero discrepan en la magnitud de los resultados: número de capturas, toneladas incautadas, laboratorios desmantelados y armas sacadas de circulación cambian de un comunicado a otro. Esa discrepancia no es un error menor: es la grieta por donde se cuela la incertidumbre sobre la veracidad, la eficacia operativa y el propósito político de la ofensiva.
Desigualdad en los datos
Los partes oficiales ofrecen solidez retórica —“la ofensiva no se detiene”— respaldada por cifras acumuladas desde la posesión presidencial. Pero al contrastar dos balances recientes emergen diferencias significativas. En uno aparecen cerca de 14.900 detenciones acumuladas y poco más de 49 toneladas de estupefacientes incautadas; en otro el total asciende a 15.401 capturas y 71,8 toneladas. El número de laboratorios intervenidos varía de cinco a quince; las armas incautadas se sitúan, alternativamente, en torno a 1.485 o 1.595. Y aunque ambos informes celebran la muerte de siete combatientes del mismo frente, difieren en otros detalles operativos y regionales (incautaciones de precursores, sustancias sintéticas y petróleo crudo para refinación ilegal).
Estas inconsistencias pueden obedecer a varias causas: retrasos en la consolidación de datos entre distintas ramas de la Fuerza Pública, superposición de operaciones comunicadas por separado, o —más preocupante— una gestión deliberada de cifras para proyectar una narrativa política de éxito. En contextos de conflicto y crimen organizado, la estadística se transforma en herramienta de legitimidad: reportes más favorables fortalecen la percepción de control y eficacia del Ejecutivo ante la opinión pública y actores internacionales.
Qué significa para la estrategia contra lo ilícito
Independientemente de la aritmética, hay elementos concretos que confirman una intensificación operativa: destrucción de trochas económicas (laboratorios y dragas), decomisos de insumos químicos, y acciones en ejes geográficos sensibles como Nariño, Putumayo y Santander. Eso refleja un enfoque predominantemente militar y policial sobre el fenómeno —ataque a la oferta y a la infraestructura logística del narcotráfico— que históricamente produce resultados tácticos a corto plazo pero pocas soluciones estructurales a mediano y largo plazo.
La represión puede fragmentar organizaciones y temporalmente reducir la producción, pero también tiene efectos perversos: desplazamiento de rutas y economías ilícitas hacia territorios más vulnerables, multiplicación de pequeños núcleos criminales menos visibles y menos fáciles de desarticular, y aumento del riesgo de violencia contra civiles en zonas de operación intensificada. Además, la focalización en erradicación y decomisos sin un plan robusto de sustitución económica o judicial puede dejar comunidades rurales en situación de precariedad, alimentando la resiliencia de economías ilegales.
Riesgos políticos y de credibilidad
En el plano político y mediático, cifras fluctuantes erosionan la confianza ciudadana y ofrecen terreno fértil para la oposición y organismos de control. Si los números no se transparentan con metodologías verificables —por ejemplo, bases de datos públicas, registros judiciales vinculantes y auditorías independientes— la narrativa gubernamental corre el riesgo de percibirse como propaganda. Ese desgaste no es solo de reputación: puede afectar la cooperación internacional para el control de precursores químicos, la asistencia técnica y la inversión en programas alternativos para zonas afectadas.
Escenarios plausibles
Escenario 1 — Consolidación con costo: Si la ofensiva se mantiene con coordinación interinstitucional real y se acompaña de políticas socioeconómicas, es posible sostener reducciones puntuales en producción y tráfico. Pero el costo en recursos y en tensiones sociales será alto, y los resultados requerirán meses o años para traducirse en estabilidad.
Escenario 2 — Ruido y desgaste: Si la estrategia queda centrada en comunicar victorias sin consistencia técnica, los efectos serán efímeros: retrocesos tácticos, pérdida de credibilidad y reacción de actores ilegales que se adaptan a nuevos modos de operación (mayor uso de sintéticos, rutas marítimas, o alianzas transnacionales).
Escenario 3 — Retroceso humanitario: Sin salvaguardas, la presión militar puede generar mayores desplazamientos, violaciones de derechos y recrudecimiento del conflicto local, lo que a su vez alimenta la economía ilícita y convierte áreas rurales en focos de violencia sostenida.
Recomendaciones y oportunidades
Para transformar la ofensiva en política pública eficaz y legítima se requieren al menos tres cambios: transparencia verificable de los datos (publicación de bases y metodologías), articulación con políticas de desarrollo rural y sustitución económica sostenibles, y fortalecimiento del sistema judicial para asegurar que las capturas y decomisos se traduzcan en condenas y desmantelamiento real de redes financieras. A la par, es necesario intensificar la cooperación internacional en el control de precursores y en la persecución de redes transnacionales que absorben la oferta local.
La crisis ambiental que acompaña la minería ilegal y la refinación artesanal —suelo degradado, ríos contaminados, pérdida de biodiversidad— exige además un plan de remediación y empleo verde que ofrezca alternativas viables a las comunidades afectadas.
Conclusión
El relato de éxito militar funciona políticamente, pero no sustituye a una estrategia integral. Las cifras deben servir para evaluar impacto, no para maquillar resultados. Si el Gobierno pretende que su ofensiva deje una huella sostenible, necesita convertir los datos en instrumentos de rendición de cuentas y enlazar la acción represiva con medidas sociales, judiciales y ambientales. De lo contrario, lo que hoy se presenta como una ofensiva podría convertirse mañana en un ciclo repetido de golpes tácticos y resiliencia criminal.