La arena política colombiana se sacude con un nuevo epicentro de controversia, esta vez en el seno del Pacto Histórico. Lo que a primera vista parece una disputa interna por un voto legislativo, esconde una trama mucho más compleja que pone en entredicho los principios de justicia y transparencia, con ecos que sugieren pactos implícitos entre fuerzas históricamente antagónicas.
Fuego amigo: Corcho vs. Zuleta
El detonante de la más reciente tempestad fue el polémico voto de cinco congresistas del Pacto Histórico en la Comisión de Acusación, que aprobó el traslado del expediente del expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionado con las masacres de El Aro y La Granja, desde la Fiscalía a dicha célula legislativa. Este movimiento, considerado por muchos como un blindaje, encendió las alarmas y desató una avalancha de reacciones.
La senadora Carolina Corcho, figura prominente del petrismo, no dudó en alzar la voz, calificando la decisión como inaceptable y un atentado contra la verdad y la justicia para las víctimas. Su postura se fundamentó en la competencia jurídica de la Fiscalía para investigar estos hechos, ocurridos cuando Uribe era gobernador, y la naturaleza imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, su crítica no fue bien recibida por todos.
Inmediatamente, la senadora Isabel Zuleta, quien se identifica como víctima directa del paramilitarismo, arremetió contra Corcho, acusándola de protagonismo inoportuno y de instrumentalizar el dolor de las víctimas para atacar al proyecto político. Este cruce de acusaciones públicas no solo evidencia las profundas fisuras ideológicas dentro del Pacto Histórico, sino que también revela una pugna por el liderazgo y la narrativa.
¿"Se durmieron" o siguieron órdenes?
La tensión escaló cuando el propio expresidente Gustavo Petro intervino, tildando a sus congresistas de haberse "dormido" ante la proposición. Una declaración que buscaba desmarcar al jefe de Estado de una decisión impopular. No obstante, las versiones internas del Pacto Histórico sugieren una realidad muy distinta y mucho más inquietante: los cinco representantes habrían actuado bajo instrucciones directas del expresidente Petro.
Esta contradicción entre la versión oficial y la interna desvela una calculada estrategia política. La Comisión de Acusación es conocida históricamente como un "cementerio de elefantes", donde las investigaciones contra altos funcionarios suelen quedar en el olvido. Al trasladar el caso Uribe a este foro, se abre la puerta a un presunto "blindaje" mutuo. Fuentes cercanas sugieren que este movimiento podría servir para proteger a Petro de eventuales investigaciones futuras que también pudieran recaer en esta comisión, estableciendo un tácito acuerdo de "no agresión" entre el uribismo y el petrismo, dos fuerzas que, sorprendentemente, han coincidido en decisiones clave recientes.
La erosión de la credibilidad
Este escenario, de confirmarse, tendría graves implicaciones. Para el Pacto Histórico, representa una profunda crisis de coherencia y credibilidad. Un proyecto político que prometió la justicia y la lucha contra la impunidad estaría incurriendo en las mismas prácticas que criticó a sus antecesores. La indignación de sectores moderados dentro del propio partido y las advertencias de figuras como Iván Cepeda sobre los peligros de las "ambiciones personales" subrayan la fragilidad de la coalición.
Más allá de las pugnas internas, la instrumentalización de la Comisión de Acusación para fines políticos erosiona la fe pública en las instituciones. Si la justicia es percibida como un instrumento de negociación entre élites, la confianza en el Estado de Derecho se debilita. La sociedad colombiana, marcada por décadas de conflicto y búsqueda de verdad, merece claridad y una aplicación imparcial de la ley. La sombra de un pacto de impunidad, incluso si es solo por conveniencia política, es un golpe directo a esa aspiración.
El futuro del Pacto Histórico, y por extensión de la agenda de gobierno, pende de un hilo. Las fisuras internas y la percepción de doble rasero podrían debilitar su capacidad legislativa y su respaldo popular. La política, una vez más, muestra su cara más pragmática y menos ideológica, sacrificando principios en el altar de la supervivencia y el poder.