Dos voces del espectro progresista dibujan un diagnóstico compartido y a la vez opuesto sobre el presente de la izquierda en Colombia. Por un lado, la mirada de quien fue referente histórico del Polo apunta a que el petrismo ha minado de raíz la credibilidad y el futuro de ese campo político. Por otro, la líder que gobierna la capital apuesta por una reconciliación pragmática con ese mismo eje político para hacer frente a lo que considera una amenaza autoritaria emergente desde la derecha. Entre la desconfianza y la urgencia estratégica se abre una pregunta urgente: ¿es posible salvar al progresismo sin sacrificar su coherencia ética y programática?
Dos lecturas del mismo fracaso
El primer diagnóstico plantea que la gestión asociada al expresidente y su entorno (el petrismo) dejó una huella tan negativa —por percepción de incompetencia económica, decisiones erráticas en lo social y escándalos de corrupción— que reabrir puertas con ese sello equivale a cavar la tumba de la izquierda por varias generaciones. Desde esa óptica, cualquier reconciliación sería un acto de ingenuidad o traición a la memoria política del electorado progresista.
La interpretación alternativa asume ese daño pero lo considera reparable y menor que el peligro que representa una derecha organizada alrededor de figuras con proyectos abiertamente autoritarios. Para este enfoque, la prioridad es preservar derechos y contrarrestar políticas regresivas mediante la construcción de mayorías tácticas y acuerdos públicos que incluyan, a regañadientes, al actor principal del progresismo. Es una apuesta por la supervivencia política inmediata antes que por la puridad ideológica.
Coincidencias, contradicciones y vacíos
Coinciden ambas posturas en reconocer tres hechos: 1) la erosión de la confianza ciudadana en los liderazgos progresistas tras el ciclo reciente; 2) la fragmentación del campo que debilita la capacidad de defensa de derechos y propuestas; y 3) la emergencia de un bloque de derecha con ambición de poder nacional y local. Pero divergen en la respuesta: mientras unos reclaman limpieza, reconstrucción institucional y nuevas formas de organización, otros priorizan la alineación estratégica para competir en el terreno inmediato.
En esos posicionamientos hay vacíos relevantes. Falta una hoja de ruta compartida sobre cómo imponer mecanismos de rendición de cuentas que permitan reconciliar sin impunidad; escasean propuestas programáticas con objetivos medibles —más allá de consignas contra la corrupción o de eslóganes sobre industrialización—; y no existe una apuesta clara para involucrar a la ciudadanía organizada y a los sectores sociales en la reconstrucción del espacio progresista.
Qué significa esto y por qué importa
La disputa interna trasciende el simple cálculo electoral: define la capacidad del progresismo para incidir en políticas públicas, la configuración del poder local y la salud de la democracia. Si triunfa la reconciliación sin condiciones, existe el riesgo real de normalizar prácticas reprochables y de otorgar inmunidad política a liderazgos señalados por fallas éticas y de gestión. Si, en cambio, prevalece la sanción y la autogestión moral, el campo corre el riesgo de dispersarse y de dejar el terreno al avance conservador.
Para la sociedad, el resultado de esta tensión impacta en decisiones concretas: las prioridades fiscales y sociales en los próximos años, la protección de derechos de minorías, y la calidad de las políticas públicas —desde la salud hasta la infraestructura— que requieren consensos técnicos y sostenibles, no solo acuerdos de supervivencia política.
Escenarios probables
Escenario 1 — Coalición instrumental: los liderazgos acuerdan una alianza táctica para competir en elecciones locales y nacionales, con un pacto público que incluye compromisos de transparencia y listas conjuntas. Ventaja: posibilidad de frenar retrocesos inmediatos; riesgo: erosión de legitimidad si no se aplican mecanismos reales de control.
Escenario 2 — Fragmentación prolongada: la desconfianza impide acuerdos y cada sector compite por su cuenta. Ventaja: preservación de identidades ideológicas; riesgo: permitir a la derecha consolidar mayoría y desmantelar avances en derechos y políticas sociales.
Escenario 3 — Renovación institucional: surgimiento de una iniciativa postpartidaria o de nuevos actores organizados alrededor de reglas estrictas de accountability y un programa centrado en crecimiento productivo, transparencia y derechos. Ventaja: alternativa de mediano plazo con mayor credibilidad; riesgo: requiere tiempo, recursos y liderazgo sostenido que puede no existir ante la presión electoral inmediata.
Recomendaciones para evitar el desgaste
1) Condicionar cualquier acuerdo a mecanismos verificables de rendición de cuentas: auditorías independientes, cláusulas de sanción política y participación ciudadana en la vigilancia. 2) Construir un mínimo programático que priorice crecimiento productivo, mejora de servicios básicos y garantías de derechos —no solo denuncias— para que la coalición tenga contenido y no solo nombres. 3) Impulsar espacios de escucha y decisión desde las bases y la sociedad civil para devolver legitimidad al liderazgo. 4) Separar la evaluación política de la persecución judicial: la justicia debe operar con independencia, pero la política debe asumir costos y aprender consecuencias electorales.
La tensión entre ética y táctica no es nueva en la política, pero en el contexto colombiano actual adquiere una intensidad particular: las decisiones que tomen hoy los liderazgos progresistas definirán si su campo puede seguir siendo un actor relevante en la defensa de derechos y en la oferta de alternativas económicas, o si quedará reducido a un recuerdo de lo que pudo haber sido. La encrucijada exige más que gestos: exige acuerdos con reglas claras y un proyecto que convenza a la ciudadanía de que la izquierda puede renovarse sin perder su esencia.