En menos de un mes de gestión, el nuevo Ejecutivo dio por concluidos los procesos previstos bajo la llamada política de "paz total". La decisión no es solo administrativa: desarma una arquitectura de interlocución, deja sin hoja de ruta a personas que dejaron las armas y reconfigura los incentivos de actores armados, comunidades y fuerzas del Estado. El resultado promete un capítulo de alta incertidumbre en territorios ya fragilizados por décadas de violencia.
Qué ocurrió y por qué importa
El Gobierno resolvió cerrar los espacios de negociación y ubicaciones temporales que alojaban a excombatientes y mesillas de diálogo. Más allá del gesto simbólico —el fin de una política que fue ampliamente criticada por fallas en diseño e implementación— la medida produce efectos concretos: interrupción de garantías jurídicas y económicas para quienes se acogieron al proceso, interrogantes sobre la continuidad de programas de reincorporación y un vacío operativo que puede traducirse en riesgos para la seguridad ciudadana y la estabilidad regional.
Coincidencias y contradicciones del diagnóstico
Los consensos emergentes entre analistas y negociadores coinciden en dos cosas: la política anterior no logró acuerdos definitivos con muchas estructuras y hubo problemas serios de implementación. Sin embargo, quienes participaron del esfuerzo también señalan avances no despreciables, como la ampliación de relaciones entre el Estado y comunidades que históricamente vivían al margen. La tensión fundamental radica en que el reconocimiento de esos avances convive con la crítica de que la iniciativa no ofreció mecanismos claros, sostenibles y jurídicamente sólidos para procesar la desmovilización.
Vacios y consecuencias inmediatas
El cierre abrupto de zonas y mesas de diálogo genera tres vacíos simultáneos: 1) protección legal para excombatientes en tránsito a la vida civil; 2) recursos y estructura institucional para ejecutar planes de reintegración; y 3) canales de interlocución que permitían ventilar compromisos y evitar escaladas. Esos vacíos aumentan el riesgo de retorno a la ilegalidad para algunos individuos, alimentan la incertidumbre comunitaria y dificultan la supervisión internacional y local de lo que ocurra en el terreno.
Cómo reconfigura a los grupos armados
La dinámica observada en últimos años muestra que la presión política sobre procesos negociados puede acelerar la fragmentación de estructuras insurgentes y del crimen organizado. La fragmentación no equivale necesariamente a menor capacidad de daño; puede traducirse en múltiples núcleos tácticos más difíciles de rastrear, competencia violenta por economías ilícitas y multiplicación de las rutas del delito urbano y rural. Al mismo tiempo, la eliminación de beneficios negociados (por ejemplo, compromisos sobre extradición o suspensión de ciertas acciones) puede empujar a líderes hacia respuestas más violentas o a negociaciones clandestinas con otros actores delictivos.
Escenarios probables
Frente al cambio de rumbo, conviene contemplar al menos cuatro trayectorias posibles:
- Escenario A: Militarización intensiva. El Estado apuesta por la contundencia policial y militar sin reabrir espacios de diálogo. Podría reducirse temporalmente la presencia de ciertos grupos, pero también profundizar el sufrimiento civil, generar desplazamientos y favorecer prácticas de control territorial más agresivas.
- Escenario B: Política híbrida y selectiva. El Gobierno mantiene líneas firmes de justicia pero deja abiertas negociaciones puntuales y reguladas con actores con menor capacidad criminal. Requiere diseño jurídico claro y control de incentivos para evitar que la negociación se convierta en impunidad.
- Escenario C: Colapso del proceso de reincorporación. Sin garantías ni presupuesto, excombatientes retornan a economías ilícitas o son absorbidos por bandas urbanas; la violencia se atomiza y se vuelve más difícil de mitigar con herramientas convencionales.
- Escenario D: Reformulación institucional. La crisis impulsa la creación de marcos jurídicos más estrictos y programas con supervisión internacional y comunitaria que, si se implementan con recursos y continuidad, podrían ofrecer una alternativa más robusta a las fallidas modalidades anteriores.
Riesgos políticos y sociales
La decisión tiene también un costado político: desmantelar procesos de paz en el corto plazo puede ser interpretado como una victoria homóloga para quienes promueven mano dura, pero a mediano plazo puede erosionar la legitimidad del Estado en zonas rurales y urbanas donde la presencia pública ya es débil. Además, las personas y comunidades que apostaron por la desmovilización podrían sentir que el pacto social se ha roto, alimentando desconfianza y posibles reacciones colectivas adversas.
Oportunidades y medidas urgentes
No todo está condenado al fracaso. Si el Gobierno quiere mitigar daños y evitar el peor de los escenarios, debería priorizar medidas concretas: garantizar rutas jurídicas claras para quienes dejaron las armas; asegurar recursos mínimos para la agencia de reincorporación; establecer plazos y protocolos transparentes para cualquier cierre de zonas; mantener presencia institucional —salud, educación, empleo— en territorios afectados; y diseñar mecanismos de verificación independientes que restablezcan confianza.
Qué significa esto para la sociedad y el Estado
La salida de la "paz total" no es solo una decisión de política pública: redefine la relación entre el Estado y regiones que durante años han requerido alternativas al uso exclusivo de las fuerzas armadas. Si la respuesta del Gobierno es exclusivamente militar, la factura social será alta en términos de vidas, desplazamiento y debilitamiento del tejido social. Si, en cambio, la administración aprovecha la crisis para construir una arquitectura jurídica robusta, financiamiento estable y canales de participación comunitaria, puede convertir el desmonte en una oportunidad para reparar las fallas del pasado y profesionalizar verdaderamente la transición a la legalidad.
El momento exige claridad: sobre la ley que regirá a quienes se sometan, sobre las garantías de no desprotección para excombatientes y comunidades, y sobre la estrategia estatal para combinar justicia, desarrollo territorial y seguridad. Sin esas definiciones, la terminación de la ‘‘paz total’’ corre el riesgo de convertirse en un punto de inflexión hacia más violencia y más improvisación.