La ambiciosa estrategia de "Paz Total" en Colombia, concebida como un mosaico de negociaciones simultáneas con múltiples grupos armados, ha llegado a un abrupto final bajo la administración de Abelardo De La Espriella. Lo que una vez se presentó como una senda innovadora hacia la pacificación del país, se desmantela ahora con resoluciones administrativas, dejando tras de sí un complejo legado de esperanzas frustradas y una escalada de interrogantes sobre el futuro de la seguridad nacional.
La utopía rota del diálogo múltiple
La premisa de la "Paz Total" buscaba trascender los acuerdos unilaterales, abriendo canales de comunicación con diversas facciones, desde disidencias guerrilleras hasta bandas urbanas con perfiles netamente criminales. Sin embargo, este enfoque, aunque estratégico en su diseño inicial, se vio minado por una implementación deficiente y la calculada pragmática de los grupos armados. Exnegociadores gubernamentales han señalado que, si bien existía una hoja de ruta, la incapacidad para adaptarse a las cambiantes dinámicas territoriales y la priorización de la confrontación interna entre los mismos grupos, como la lucha entre 'Calarcá' y 'Mordisco', ahogaron cualquier avance significativo.
Las mesas de diálogo, en lugar de ser espacios para la dejación de armas, se convirtieron en tribunas políticas y en escudos tácticos para los cabecillas. La suspensión de órdenes de captura y el reconocimiento de estatus de interlocutores ofrecieron ventajas que, lejos de consolidar la paz, permitieron a algunas estructuras preservar y, en ciertos casos, incluso expandir sus cuadros. Este es un punto de fricción clave: mientras algunos observadores resaltan una fragmentación estratégica de ciertos grupos a raíz del proceso, datos del Ministerio de Defensa revelan un alarmante crecimiento del 90% en el número total de integrantes de organizaciones armadas entre diciembre de 2022 y julio de 2026, con el Clan del Golfo y el Estado Mayor Central a la cabeza. Esta cifra pone en tela de juicio la narrativa de debilitamiento general.
Un giro hacia la confrontación y sus riesgos
La administración de De La Espriella ha sido categórica al calificar estos procesos como "falsas paces" y "falsos diálogos", justificando el cierre de mesas clave con el EMBF de 'Calarcá', la CNEB y las ACSN, y sumando recientemente a los Comuneros del Sur y las bandas de Medellín. La estrategia actual es un retorno contundente a la prioridad de la seguridad militar, la extradición de cabecillas y la reanudación de fumigaciones de cultivos ilícitos. Este viraje representa un marcado contraste con la filosofía de diálogo y transformación territorial que sustentaba la política predecesora.
La pregunta que emerge es si este desmonte, concebido como un fortalecimiento de la autoridad estatal, no podría paradójicamente unificar a los grupos armados bajo una lógica de "guerra total". Un exnegociador ha advertido que, si bien una estrategia de paz tiende a fragmentar a quienes buscan la guerra, una de confrontación total podría generar cohesión entre adversarios comunes del Estado. La eliminación de la Consejería de Paz, a la espera de un nuevo Comisionado Nacional de Seguridad, subraya la reconfiguración institucional hacia un enfoque más punitivo.
Lecciones no aprendidas y el costo futuro
Hace una década, el expresidente Juan Manuel Santos demostró al mundo que la negociación no es debilidad y que el compromiso no es rendición. Su mensaje, en la conmemoración de los 10 años del Acuerdo de Paz con las FARC, enfatiza la necesidad de una presencia estatal integral –no solo militar, sino también social y de infraestructura– para que la paz arraigue. Su crítica a los gobiernos subsiguientes por fallar en la implementación resuena en el actual panorama de desmonte.
Colombia se encuentra en una encrucijada donde la aspiración constitucional de trabajar por la paz colisiona con la realidad de una violencia persistente y un Estado que oscila entre estrategias de mano tendida y mano dura. El desmantelamiento de la "Paz Total" es un acto de redefinición de la política de seguridad nacional, pero sus consecuencias aún están por verse. ¿Será este giro un paso necesario para restablecer la autoridad, o la chispa que reavive una confrontación más cruenta y generalizada, condenando a los territorios más vulnerables a un ciclo interminable de miedo y conflicto? La respuesta, en un país marcado por la violencia, es la gran incógnita del presente.