En menos de un mes de gobierno, la administración de Abelardo De La Espriella cerró de manera abrupta buena parte de la arquitectura creada para la llamada "paz total": resoluciones que anulan mesas sociojurídicas, la clausura de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo y la suspensión del beneficio de no extradición para el principal líder del Clan del Golfo. El gesto es simbólico y operativo: marca un giro del diálogo hacia la coacción legal y militar.
Decisión presidencial y efectos inmediatos
La maniobra del Ejecutivo persigue dos objetivos claros: presentarse como firme ante la criminalidad organizada y responder a las críticas que sostienen que las negociaciones anteriores beneficiaron indebidamente a estructuras ilícitas. En la práctica, la medida tiene efectos inmediatos y contradictorios: mientras algunos mandos y filas pueden quedar sujetos a procesos penales y extradición, otros excombatientes alojados en ZUTs se encuentran ahora en la incertidumbre jurídica, y varios ya abandonaron esos espacios ante la indefinición sobre su futuro.
Coincidencias y contradicciones en las valoraciones
Los actores que participaron en las negociaciones reconocen logros puntuales: avance en la relación del Estado con comunidades históricamente afectadas, ceses temporales del fuego y mecanismos formales de diálogo que, al menos en lo discursivo, limitaron ciertas prácticas violentas. Al mismo tiempo, coinciden en que esos avances no desembocaron en la culminación de procesos de reintegración ni en la desarticulación estratégica de las organizaciones armadas.
La contradicción central es política y estratégica. El Gobierno habla de "falsa paz" y de instrumentalización de espacios para evadir la ley; sus críticos sostienen que, pese a fallas institucionales y de diseño, el cierre abrupto de esos espacios deja a personas y regiones en mayor vulnerabilidad y erosiona la credibilidad del Estado como garante de acuerdos y derechos.
Tendencias estructurales y vacíos institucionales
De la revisión emergen varias tendencias: fragmentación de los grupos armados, con pérdida de capacidad estratégica a nivel nacional pero con aumento de la violencia localizada; aprovechamiento por parte de algunos actores de las figuras jurídicas (suspensión de órdenes de captura, visibilidad política) para preservar cuadros; y una polarización entre quienes privilegian soluciones coercitivas y quienes abogan por rutas mixtas que combinen justicia e incentivos de reintegración.
Los vacíos son evidentes: las resoluciones que clausuran espacios no han ido acompañadas de una hoja de ruta clara para la reincorporación, garantías mínimas para excombatientes ni recursos suficientes para la agencia encargada del posconflicto. Además, la eliminación de marcos de diálogo sin medidas preventivas incrementa la posibilidad de expulsión forzada, estigmatización y retorno a economías ilícitas.
Lo que la resolución no resuelve
Hay una serie de preguntas que siguen sin respuesta pública: ¿qué mecanismo legal sustituirá a las ZUT para proteger a quienes decidieron dejar las armas? ¿Quién asumirá la atención social, de salud y económica de los reincorporados si la agencia correspondiente carece de presupuesto y dirección? ¿Cómo se evitará que la suspensión de mecanismos de negociación genere represalias contra comunidades que apoyaron procesos de diálogo?
Implicaciones regionales e internacionales
La decisión de permitir la extradición de cabecillas del crimen organizado cambia el mapa de incentivos: por un lado, facilita la cooperación internacional en materia de crimen transnacional y puede debilitar la capacidad operativa de algunas organizaciones; por otro, reduce la palanca negociadora del Estado frente a grupos que buscan seguridad jurídica como condición para el sometimiento. En zonas rurales, donde la economía ilegal está entrelazada con medios de vida y clientelas locales, la retirada de espacios institucionales puede abrir vacíos que otros actores —legales e ilegales— intenten llenar rápidamente.
Escenarios posibles
1) Escenario coercitivo (probable a corto plazo): aumento de operativos militares y judiciales que desarticulan mandos pero generan desplazamientos, vulneración de derechos y recomposición criminal en el nivel local. Riesgo alto de brotes de violencia y crisis humanitarias regionales.
2) Escenario mixto (alternativa viable): el Gobierno combina ejecución judicial con una oferta jurídica clara para la reincorporación —plazos, garantías y recursos— y reconstruye canales de interlocución con comunidades y organizaciones sociales. Requiere gasto público, liderazgo político y transparencia; es políticamente costoso pero reduce el riesgo de rearmamiento.
3) Escenario de fragmentación y criminalización (riesgo prolongado): sin rutas de reintegración ni presencia estatal sostenida, excombatientes y comunidades migran a economías ilícitas o son cooptados por bandas urbanas; el resultado es un mosaico de microconflictos y una mayor dificultad para políticas de largo plazo.
Qué significa esto para la sociedad y la política
La decisión marca un punto de inflexión en la política de seguridad y paz del país. Para la sociedad, implica dudas sobre la protección de derechos y la capacidad del Estado para cumplir compromisos. En el plano político, ofrece réditos a quienes promueven mano dura y abre la puerta a investigaciones y conflictos partidarios sobre la gestión anterior. Para la economía regional, la inestabilidad aumenta los costos de inversión y la fragilidad de las cadenas productivas rurales.
Recomendaciones estratégicas (breves)
Si el objetivo real es reducir la violencia y evitar la reproducción del crimen, el cierre de espacios debe acompañarse, de forma inmediata, por: 1) una hoja de ruta legal y temporal para la situación de las personas en ZUTs; 2) recursos garantizados para la agencia de reincorporación y protección de testigos y comunidades; 3) investigaciones transparentes sobre posibles irregularidades en procesos pasados, evitando la judicialización instrumental de la política; y 4) un plan de estabilización territorial que combine seguridad, inversión social y medidas contra economías ilegales.
La salida sencilla —volcar todo al uso de la fuerza— puede dar resultados visibles y rápidos en titulares, pero rara vez soluciona las causas que nutren los conflictos. El verdadero desafío para el Gobierno no es demostrar que puede cerrar mesas; es demostrar que sabe cómo evitar que el cierre produzca más violencia, desprotección y deslegitimación del Estado en los territorios donde la paz y la guerra se juegan, sobre todo, en el día a día de las comunidades.