En pocas semanas el Ejecutivo articuló una batería normativa extraordinaria para responder al terremoto que arrasó el oeste del país: alivios fiscales, mecanismos de financiación directa de obras, facilidades para la reparación de la red eléctrica y reglas especiales para garantizar el pago de pensiones territoriales. La intención es evidente: acelerar la atención a millones de personas afectadas y reactivar infraestructura crítica. Pero la forma en que se entregaron estas facultades abre preguntas centrales sobre transparencia fiscal, prioridades públicas y control democrático.
Lo esencial de los decretos
El paquete contempla medidas de alivio inmediato para hogares y empresas locales —incluyendo la posibilidad de condonar deudas y conceder exenciones en impuestos territoriales—, la canalización de recursos no reembolsables para recomponer la infraestructura eléctrica y la creación de un patrimonio autónomo para centralizar donaciones y aportes. Se habilita además una versión ampliada de “obras por impuestos” que permite a contribuyentes abatir su obligación tributaria financiando obras de reconstrucción fuera de los territorios previamente priorizados.
Coincidencias y tensiones
Dos consensos emergen: el primero, que la magnitud del desastre exige respuestas ágiles; el segundo, que buena parte de la solución requerirá dinero público y aporte privado. Sin embargo, la aceleración normativa ha generado tensiones significativas. Parlamentos y sectores de la oposición han solicitado explicaciones sobre el alcance del gasto y las fuentes de financiación: no hay aún un balance público y consolidado del costo total, ni claridad sobre cuánto vendrá de nuevos endeudamientos, del uso de activos estatales o de fondos de estabilización.
Contradicciones y vacíos
El paquete mezcla protección social inmediata con instrumentos que expanden márgenes fiscales y contractuales: permitir créditos de tesorería fuera de los límites habituales, suavizar procedimientos de contratación y habilitar el uso de activos estatales para atender la emergencia. Estas decisiones son eficientes en velocidad, pero debilitan controles ordinarios en un contexto donde el país ya encadena tensiones fiscales importantes. Además, algunas clausulas son difusas: por ejemplo, la ampliación de obras por impuestos no está acompañada de criterios técnicos y ambientales que aseguren que la reconstrucción beneficie a las poblaciones desplazadas y vulnerables en lugar de convertirse en proyectos empresariales de alta visibilidad pero bajo impacto social.
Implicaciones políticas y reputacionales
La convocatoria a un debate de control político sobre la ejecución de las medidas revela el riesgo político: la percepción pública podría volverse adversa si la emergencia se percibe como vía para proyectos no relacionados o para eludir controles presupuestarios. A su vez, la fórmula de crear un fondo centralizado administrado por Hacienda y auditado por terceros busca dar confianza, pero no sustituye la necesidad de reportes periódicos, comités de seguimiento con participación civil y la divulgación exhaustiva de beneficiarios y adjudicaciones.
Riesgos para la sostenibilidad fiscal
El país afronta ya un déficit y un nivel de endeudamiento elevados; cualquier error de calibración en el uso de deuda o activos podría traducirse en presiones sobre la calificación crediticia, mayores costos de financiamiento y menos espacio para políticas sociales futuras. Protecciones puntuales —como garantizar que la reconstrucción eléctrica no se traslade a las tarifas domésticas— son positivas, pero su eficacia dependerá de la disciplina fiscal posterior y de la transparencia en los contratos de reparación.
Escenarios plausibles
Mejor escenario: ejecución transparente, con límites claros al uso de activos, control público y coordinación con donantes internacionales; la reconstrucción prioriza vivienda social, salud y escuelas, moderniza infraestructura y moviliza inversión privada alineada a estándares ambientales y de resiliencia. Escenario intermedio: ejecución parcial con sobrecostos y retrasos; proyectos visibles pero con impacto desigual; aumento moderado del endeudamiento y fricciones políticas. Peor escenario: uso discrecional de partidas para objetivos ajenos a la reconstrucción, ampliación de pasivos sin contrapartida productiva, erosión de confianza y fiscal, y litigios que paralicen obras críticas.
Qué debería exigirse ya
Para reducir riesgos y maximizar beneficios, el Gobierno debería publicar de forma inmediata una estimación consolidada del costo fiscal del paquete; establecer comités de vigilancia con representación del Congreso, entes de control y sociedad civil; encadenar las Obras por Impuestos a criterios técnicos, sociales y ambientales; y fijar reglas de transparencia para el nuevo fondo centralizado, con reportes trimestrales y acceso público a contratistas y montos. Asimismo, es imprescindible garantizar que las medidas que flexibilizan deuda subnacional incluyan salvaguardas para proteger el pago de pensiones y la prestación de servicios básicos.
El terremoto obliga a decisiones rápidas; la política pública que elijamos ahora determinará no solo cómo se reconstruyen casas y caminos, sino si se refuerza o se erosiona la capacidad del Estado para sostener servicios y proteger a las capas más vulnerables en crisis futuras.