En las últimas semanas el nuevo gobierno asumió decisiones de choque que ponen punto final a los espacios de negociación y a figuras jurídicas creadas para facilitar la salida de la violencia. El cierre de mesas sociojurídicas, la liquidación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) y la suspensión del beneficio de no extradición para un jefe del crimen organizado marcan un cambio abrupto de rumbo: pasar de una apuesta por acuerdos amplios a una política pública basada en la coerción, la justicia ordinaria y la presión militar.
Decisiones y contradicciones
Hay un hilo que atraviesa estas decisiones: la intención de negar legitimidad política a interlocutores armados y devolver al Estado el monopolio de la violencia. Pero esa voluntad choca con obligaciones legales y con costos prácticos. La abrupta terminación de espacios que buscaban convertir combatientes en civiles deja vacíos procedimentales sobre quién custodia derechos, garantiza seguridad y define rutas jurídicas para la reincorporación. Al mismo tiempo, la apertura para extraditar líderes golpea una de las herramientas que se usaron para negociar: su efectividad como presión penal es indiscutible, pero su uso disuade a quienes podrían negociar desde la incertidumbre sobre garantías.
Qué pasó en los territorios
Los efectos son tangibles: excombatientes asentados en ZUT han abandonado sitios por falta de claridad y recursos; comunidades que habían empezado a reclamar la disminución de la violencia temen retrocesos; y grupos armados fragmentados entran en disputas locales por controles de rutas ilícitas y economías criminales. La fragmentación, como han evaluado observadores con experiencia en negociación, es doble: debilita la capacidad estratégica de reconstituir grandes proyectos insurgentes, pero aumenta la volatilidad en zonas donde actores menores luchan por rentas.
Tendencias y vacíos
Se observan tres tendencias convergentes. Primero, una retracción institucional sobre instrumentos de política pública para la paz (ZUT, mesa sociojurídica, beneficios procesales), acompañada de recortes presupuestales que reducen la capacidad de reinserción. Segundo, una militarización selectiva —capturas y presión— destinada a demostrar mano dura y responder a percepciones de impunidad. Tercero, un fenómeno de deslegitimación pública de procesos pasados que, por su mala implementación, generaron escepticismo y costos fiscales significativos.
El vacío más peligroso es la falta de rutas jurídicas claras: sin normas y presupuesto que garanticen derechos y alternativas de vida, la decisión de dejar las armas pierde credibilidad. Ese déficit es semilla de rearmamiento, chantaje de grupos armados o judicialización masiva que tensione aún más a comunidades vulnerables.
Escenarios plausibles
1) Política de choque y militarización: refuerzo de operaciones, más capturas y mayor presión sobre economías ilegales. Resultado probable: reducción territorial puntual pero aumento de violencias colaterales y desplazamientos.
2) Enfoque híbrido con ruta jurídica: el gobierno combina acción policial selectiva con negociación puntual, reparación territorial financiada y protección de excombatientes. Resultado: posibilidad de consolidar resultados locales y evitar reenganches si se restablece confianza y presupuesto.
3) Fragmentación y criminalización local: la desaparición de interlocutores y garantías produce tensiones entre facciones y bandas urbanas; violencia localizada crónica y deterioro de condiciones para inversiones y proyectos productivos en regiones afectadas.
Riesgos y oportunidades
Riesgos: desprotección de personas que desarmaron, aumento de homicidios y desplazamientos, erosión de la confianza en el Estado, presión internacional sobre derechos humanos, y una ola de judicializaciones que colapsen cárceles y tribunales. Oportunidades: si el gobierno define rutas jurídicas claras y financia programas de sustitución y desarrollo territorial, puede consolidar controles estatales, fracturar economías ilícitas y mejorar la gobernanza local; políticamente, la postura dura tiene el potencial de traducirse en capital electoral para la administración y su bancada.
Qué significa para la sociedad y la economía
En el plano social, la incertidumbre afecta la reconciliación: comunidades que apostaron por soluciones negociadas pierden incentivos para permanecer neutrales, lo que complica la protección de líderes sociales y la recuperación del tejido comunitario. En lo económico, la volatilidad desincentiva inversión formal en zonas rurales y urbanas afectadas; al mismo tiempo, la presión sobre cultivos ilícitos sin ofertas de sustitución coherentes alimenta economías informales y cadenas criminales que siguen siendo atractivas para poblaciones con pocas alternativas.
Qué debería hacer el Estado
1) Publicar una hoja de ruta jurídica y administrativa para los excombatientes: plazos, condiciones y garantías claras; 2) Restaurar recursos a las agencias de reincorporación o asegurar convenios con organismos internacionales; 3) Mantener canales de verificación y veeduría independiente para evitar instrumentalizaciones; 4) Priorizar intervención integral en territorios clave (seguridad, infraestructura, salud, educación y programas productivos); 5) Coordinar internacionalmente procesos de extradición y cooperación judicial para minimizar efectos colaterales.
El desafío es complejo: la retórica de mano dura satisface demandas ciudadanas de seguridad, pero sin reglas claras y presencia estatal sostenida puede acelerar ciclos de violencia. La próxima prueba será la gestión práctica: si las decisiones se acompañan de diseño institucional y recursos, el giro puede traducirse en control y gobernanza; si no, será combustible para la inestabilidad que pretendía combatir.