El Gobierno nacional cerró un ciclo político y estratégico al decretar el fin de la política conocida como 'paz total'. Ese gesto administrativo busca devolver la iniciativa en materia de seguridad al Estado y castigar lo que se califica como aprovechamiento de las mesas por parte de actores armados. Pero detrás del acto simbólico hay una trama más compleja: millones ejecutados, fracturas internas de los grupos, éxitos tácticos que no se tradujeron en acuerdos definitivos y un aumento en el número agregado de combatientes que amenaza con redefinir los escenarios locales de violencia.
Lo que realmente ocurrió
En los últimos años el Estado destinó recursos significativos a procesos de negociación, zonas temporales de ubicación y medidas de protección para delegados y comunidades. Sin embargo, esos esfuerzos no cristalizaron en acuerdos de terminación contundentes. Hubo avances puntuales —ceses bilaterales temporales, creación de una ZUT operativa y mayor interlocución entre instituciones y comunidades—, pero se combinaron con prácticas tácticas de los grupos para preservar cuadros y legitimidad pública: suspensiones de captura, uso político de las mesas y, en varios casos, reparto de ventajas locales que no implicaron desmantelamiento estructural.
Coexistencia de fragmentación y crecimiento
Una de las paradojas más relevantes es la coexistencia de fragmentación y aumento numérico. Por un lado, las pugnas internas —entre fracciones de las antiguas Farc, el ELN, el Clan del Golfo y nuevas formaciones— han debilitado proyectos políticos-hegemónicos de insurgencia, erosionando perspectivas de reconstitución a nivel nacional. Por otro lado, los registros oficiales muestran un aumento sustancial de integrantes en estructuras armadas en los últimos años. Es decir: menos proyecto estratégico, más oferta de violencia localizada. Esa transformación convierte al país en un mosaico de microconflictos, donde el daño y la injusticia se concentran en territorios específicos y la lógica económica criminal se adapta con rapidez.
Contradicciones institucionales
El cierre abrupto de mesas expone fallas institucionales previas: ausencia de un marco jurídico consensuado para el sometimiento, insuficiente flexibilidad táctica ante cambios territoriales y una coordinación débil entre los instrumentos civiles, judiciales y militares. Además, existe una tensión política clara: mientras la administración anterior apostó por abrir canales amplios de diálogo, la actual prioriza la represión y la judicialización. Ambas posturas encuentran límites prácticos si no se combinan con presencia estatal efectiva, inversión social y garantías de justicia transicional para casos concretos.
¿Qué significa para las comunidades?
En el terreno, el cierre de conversaciones puede traducirse en dos efectos contrapuestos: por un lado, para comunidades que vieron en la negociación una promesa de alivio a la violencia y acceso a derechos, la ruptura implica frustración y riesgos de nuevas dinámicas de coerción. Por otro lado, para poblaciones que sufrieron extorsión, reclutamiento y control territorial, la retirada de espacios negociadores puede abrir la puerta a ofensivas militares que, sin una estrategia de protección civil, agravan desplazamientos y violaciones de derechos.
Tres escenarios posibles
1) Política de fuerza total: intensificación de operaciones y extradiciones que degradan capacidades de grupos, pero generan picos de violencia local y riesgos de desplazamiento masivo si no se acompaña de protección social.
2) Hibridación selectiva: el Estado mantiene la presión judicial y militar sobre los cabecillas mientras instala rutas claras de sometimiento legal y programas territoriales de desarrollo; requiere ley de sometimiento y fondos condicionados a resultados verificables.
3) Vacío de poder: cierre de mesas sin oferta alternativa robusta; ocurre consolidación de economías criminales (particularmente por el crecimiento del Clan del Golfo) y emergencia de bandas urbanas y mafias regionales.
Riesgos y oportunidades
El principal riesgo es confundir el cierre de una política con la solución del problema. La guerra contra actores armados sin un andamiaje de justicia, reparación y desarrollo territorial suele replicar patrones de violencia. Además, la decisión política de tildar la negociación de 'falsa paz' puede endurecer la polarización y cerrar canales útiles en contextos puntuales.
La oportunidad, en cambio, está en aprender: transparentar los costos y resultados, crear una ley de sometimiento que ofrezca rutas jurídicamente sólidas para desarme y reinserción, fortalecer la presencia estatal en municipios afectados y diseñar respuestas diferenciales por región. La fragmentación de los grupos puede ser aprovechada para operaciones de inteligencia y judicialización focalizada, siempre que se proteja a la población civil y se frene la captura de espacios por actores criminales.
Qué debería hacer el Estado
Primero, diseñar e implementar una ley de sometimiento y mecanismos claros para acuerdos parciales verificables. Segundo, priorizar la protección humanitaria y la reconstrucción de tejidos sociales en territorios con mayor conflicto. Tercero, coordinar la estrategia penal con programas socioeconómicos que reduzcan la oferta de reclutamiento y criminalidad. Finalmente, rendir cuentas sobre el gasto público ejecutado en procesos pasados, evaluando qué funcionó y qué no para evitar repetir errores.
El fin formal de la 'paz total' cierra una página oficial, pero no reduce por sí solo la complejidad del problema armado en Colombia. Si el desmontaje no se acompaña de una política integral —legal, social y militar— orientada a la protección de la población y la sustitución real de economías ilícitas, lo más probable es que la violencia cambie de forma y lugar, sin desaparecer.