El anuncio del presidente Abelardo De La Espriella para dar por terminados varios procesos de diálogo con grupos armados marca un giro profundo en la política de seguridad nacional. Más allá del discurso binario —paz versus guerra— la decisión revela una serie de tensiones acumuladas: expectativas no cumplidas, costos financieros relevantes, fragmentación de los actores armados y vacíos jurídicos que explican por qué la implementación de acuerdos parciales nunca llegó a materializarse plenamente.
Coincidencias: logros prácticos y límites evidentes
En los últimos cuatro años hubo avances tangibles: se instalaron mesas, se acordaron protocolos de protección y se habilitaron espacios de concentración temporal. Esos mecanismos facilitaron, en algunos territorios, la reducción de la confrontación abierta y la articulación entre comunidades y autoridades. Al mismo tiempo, las cifras oficiales muestran un crecimiento de las filas de los grupos armados, y en varios casos los procesos no concluyeron con la desarticulación de las estructuras ni con soluciones jurídicas definitivas. En suma: hubo medidas útiles que no terminaron de resolver el problema de fondo.
Contradicciones y vacíos estructurales
La mezcla de diálogos con actores heterogéneos —desde estructuras con pretensión política hasta bandas orientadas a economías ilícitas— exigía instrumentos legales y tácticas diferenciadas. No existió una ley de sometimiento robusta ni una adaptación ágil de la estrategia al cambio de condiciones territoriales. Surgió una paradoja: mantener la mesa otorgó visibilidad y, en algunos casos, beneficios operativos a cabecillas, pero cerrarla sin alternativas claras deja a cientos de combatientes y comunidades en zona gris jurídica y de seguridad.
El costo económico y su rédito político
La inversión pública destinada a estos procesos superó los ciento veinticinco mil millones de pesos. Gran parte se destinó a logística, protección y medidas de verificación —gastos necesarios en negociaciones complejas— pero con un retorno en términos de acuerdos formales cercano a nulo. Esa cuenta fiscal tiene un doble efecto: por un lado alimenta el argumento del nuevo Gobierno para desactivar los procesos; por otro, subraya la necesidad de mecanismos de evaluación más rigurosos que aseguren que el dinero público genere salidas verificables y sostenibles.
Fragmentación: debilitamiento estratégico, aumento de la violencia local
La escisión interna de las disidencias ha reducido la capacidad de proyectar una estrategia nacional coherente por parte de algunos mandos, pero ha multiplicado los focos de violencia local y la competencia por economías ilícitas. Ese escenario complica la respuesta estatal: operaciones militares dirigidas contra un mando no siempre neutralizan a los remanentes que siguen operando en barrios o veredas, y el desorden puede traducirse en más desplazamiento, impunidad y control para estructuras criminales con una lógica puramente lucrativa.
Riesgos geopolíticos y reputacionales
El desmonte de los diálogos y la reactivación de órdenes de captura y extradiciones tendrán efectos en la relación con aliados internacionales y organismos de derechos humanos. Una política que privilegia la acción punitiva sin garantías de protección a testigos, procesos judiciales transparentes y reparación a víctimas puede alimentar críticas externas y restringir cooperación multilateral si no se acompaña de acciones que preserven derechos y el Estado de derecho.
Lo que la sociedad espera y lo que el Estado debe cuidar
Las comunidades de muchas regiones exigieron desde el primer momento seguridad, educación y oportunidades económicas. Cuando la negociación se concentra en la figura de los cabecillas, se corre el riesgo de perder foco en las medidas de fortalecimiento institucional y en la reparación de víctimas. Mantener (o reconstruir) la confianza local requiere que cualquier cambio de dirección incluya medidas concretas para protección ciudadana, sustitución de economías ilícitas y acceso a servicios básicos.
Escenarios plausibles
1) Militarización intensiva: aumento de operaciones, más capturas y extradiciones. Posible debilitamiento de mandos centrales, pero riesgo de incremento de violencia local y violaciones de derechos si no hay controles.
2) Recalibración mixta: cierre administrativo de mesas acompañado de programas de sometimiento alternativos (jurídicos y socioeconómicos). Requiere rápida legislación y recursos para evitar desamparo de combatientes y comunidades.
3) Vacío de política: cierre de espacios sin planes de sustitución. Puede provocar mayor violencia, expansión de economías criminales y crisis humanitaria en zonas afectadas.
Oportunidades para una política más eficaz
Si el Gobierno busca legitimidad y efectividad, debería priorizar: diseño de un marco jurídico claro para el sometimiento; transparencia y auditoría de los recursos empleados; fortalecimiento de la presencia civil y del Estado en territorios (salud, educación, infraestructura); mecanismos de garantía para las comunidades que participaron en procesos; y alianzas internacionales condicionadas al respeto de derechos humanos. También es ineludible una evaluación independiente de las mesas: qué funcionó, qué no, y por qué.
El dilema hoy no es sólo optar por la negociación o por la represión. Es asumir que cualquier cambio de rumbo exige planificación técnica, marcos jurídicos adecuados y medidas de piso social que impidan que la fragmentación y la competencia criminal se traduzcan en más víctimas. La política de seguridad que se implemente en los próximos meses determinará si el país consigue transformar fracturas internas en gobernabilidad o si, por el contrario, abre una nueva etapa de conflictividad localizada con costos altos para las comunidades y para las finanzas públicas.