En menos de dos meses el gobierno de Abelardo De La Espriella ha trazado una hoja de ruta que combina una agenda exterior de alto voltaje con una promesa explícita de descentralización. Esa doble apuesta —ganar influencia internacional mientras se gobierna desde los territorios— define hoy una tensión estructural que condicionará la gobernabilidad y la capacidad de ejecución del próximo cuatrienio.
Dos frentes, una misma urgencia
Por un lado, la diplomacia se acelera: las designaciones en Washington y Nueva York, la gestión de un año como miembro no permanente del Consejo de Seguridad y la próxima visita del secretario de Estado de Estados Unidos ponen a Colombia en el centro de discusiones sobre seguridad, cooperación antinarcóticos y comercio. Por otro, la cumbre con gobernadores en Mompox expuso las fragilidades fiscales y operativas de las regiones: caída de participaciones, deudas hospitalarias millonarias y ausencia de instrumentos técnicos clave —como un plan nacional de reasentamientos— para responder a desastres como el terremoto reciente.
Coherencias y contradicciones
Hay una coherencia retórica: la diplomacia que “abre puertas” y la promesa de gobernar desde las regiones se alimentan mutuamente si el gobierno logra traducir acuerdos internacionales en recursos y proyectos concretos para los territorios. Pero emergen contradicciones prácticas. Las proyecciones fiscales anticipan menos recursos para 2027–2028; simultáneamente, el Gobierno eleva expectativas sobre mayor protagonismo regional y, en el plano internacional, discute medidas proteccionistas como la suspensión temporal de aranceles. ¿De dónde saldrán los recursos para la reconstrucción, la salud pública y la transferencia de competencias si la base fiscal se estrecha?
Vacíos que requieren respuestas urgentes
El diagnóstico conjunto muestra huecos importantes: ausencia de un Plan Nacional de Reasentamientos; liquidez insuficiente para prestadores de salud con CPS y hospitales en saneamiento fiscal; y un empalme aún sin reunión formal entre equipos, lo que aumenta el riesgo de asimetrías informativas y cifras maquilladas. A nivel internacional, falta un posicionamiento claro: la administración ha combinado guiños proestadounidenses con un discurso de autonomía regional, sin definir una estrategia de multilateralismo consistente que preserve el capital diplomático acumulado por Colombia.
Lo que esto significa para la gobernabilidad
Si el Gobierno no articula una estrategia financiera coherente, dos escenarios adversos se abren. Primero, una descentralización de palabra que derive en incapacidad ejecutiva en territorios por falta de recursos y capacidades técnicas. Segundo, una diplomacia eficaz en términos declarativos pero incapaz de materializar beneficios tangibles —inversión, alivios arancelarios o cooperación técnica— que lleguen a municipios y departamentos afectados por desastres.
Oportunidades tácticas
Hay rutas prácticas para cerrar la brecha. El uso estratégico del año en el Consejo de Seguridad puede reconducir recursos internacionales hacia proyectos de seguridad y reconstrucción regional si el Ejecutivo negocia cooperación técnica y fondos ligados a objetivos medibles. La solicitud de alivios arancelarios puede convertirse en palanca para atraer inversión focalizada en la reconstrucción de infraestructura crítica y cadenas productivas locales. Y la promesa de gobernar desde las regiones podría materializarse mediante mesas permanentes de presupuesto entre nación y departamentos con criterios transparentes de priorización y seguimiento.
Riesgos políticos y sociales
Sin un empalme público, sistemático y verificable, persiste el riesgo de rupturas entre lo declarado y lo real. Gobernadores ya advierten sobre pérdida de capacidad de inversión: la percepción de abandono puede traducirse en conflictos políticos locales, protestas y pérdida de legitimidad. En el frente de seguridad, la búsqueda de un Estatuto Antiterrorista centrado en rentas criminales necesita equilibrio institucional para evitar que herramientas excepcionales erosionen derechos sin atacar las causas subyacentes de la violencia.
Escenarios plausibles a corto y mediano plazo
Escenario A — Cooperación instrumental: El gobierno usa su capital diplomático para garantizar asistencia técnica y alivios comerciales condicionados a proyectos de reconstrucción y empleo regional. Resultado: mitigación parcial de la crisis fiscal local y mejoras visibles en infraestructura.
Escenario B — Aislamiento operativo: Prioridad a la agenda internacional y a reformas fiscales estrictas sin acuerdos de cofinanciación territorial. Resultado: aumento de tensiones locales, retraso en servicios básicos y desgaste político.
Escenario C — Mediación regional: Colombia busca perfil de puente multilateral, promoviendo acuerdos hemisféricos sobre desastres y finanzas territoriales. Resultado: alto rédito diplomático y nuevas fuentes de cooperación, pero requiere paciencia y negociación hábil.
Recomendaciones para evitar el deslizamiento
1) Transparencia y temporalidad en el empalme: publicar agendas, actas y diagnósticos para detectar discrepancias de forma temprana. 2) Co-diseño presupuestal: establecer mesas de priorización entre nación y departamentos con metas vinculantes por proyecto. 3) Protección de liquidez sanitaria: canalizar recursos extraordinarios a prestadores críticos y renegociar pasivos a corto plazo con condiciones de eficiencia y control. 4) Diplomacia con ancla territorial: atar compromisos internacionales a programas verificables de reconstrucción y empleo local. 5) Gobernanza del Estatuto Antiterrorista: dotarlo de controles judiciales y criterios claros para evitar uso arbitrario.
La narrativa del nuevo gobierno combina ambición exterior y promesas de cercanía territorial. El éxito dependerá menos de los anuncios y más de la capacidad de traducir diplomacia en recursos, transparencia y gobernanza local. Sin esa traducción, la tensión entre Cancillería y las regiones correrá el riesgo de convertirse en la medida real del primer año de gestión.